Ing. Gustavo Jáuregui Gonzáles Asesor Empresarial, Ingeniero Comercial de profesión, Magister en Administración y Dirección de Empresas, Experto en Estrategia Gerencial, Negociación, Gerencia de Organizaciones Empresariales y Gestión Pública.
“La inclusión aseguradora debe pasar de ser una aspiración a una realidad. En un contexto de alta informalidad y baja penetración del seguro, Bolivia requiere un nuevo marco regulatorio que combine fomento a las inversiones, innovación, educación financiera y visión social”
En un país en el que más del 80 % de la economía es informal, el acceso a mecanismos de protección financiera continúa siendo un privilegio y no un derecho. Bolivia enfrenta el desafío urgente de repensar su modelo asegurador, desde una perspectiva inclusiva que equilibre, prioritariamente, la solvencia misma del sistema y el alcance social. En este contexto, los seguros inclusivos representan una oportunidad estratégica para reducir la vulnerabilidad económica y social de millones de ciudadanos.
De acuerdo con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la penetración del seguro en Bolivia apenas bordea el 1,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), cifra muy por debajo del promedio regional que supera el 3 %, y a gran distancia de países como Chile (4,4 %) o Brasil (3,9 %).
Esta amplia brecha, que persiste en Bolivia, evidencia una baja cultura aseguradora y la falta de incentivos regulatorios y tecnológicos que permitan ampliar la cobertura hacia segmentos populares y microempresariales.
A nivel global, los seguros inclusivos han evolucionado como instrumentos clave para el desarrollo sostenible de las naciones. Experiencias exitosas en México, Perú o Filipinas, muestran que la innovación digital, los microseguros y las alianzas público-privadas son pilares fundamentales para la masificación del acceso.
Estos seguros priorizan productos de bajo costo, canales de distribución simplificados y coberturas adaptadas a las realidades de las poblaciones vulnerables. En ese sentido, el Banco Mundial y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) promueven marcos de regulación proporcional que equilibran estabilidad y accesibilidad.
Bolivia, sin embargo, mantiene un sistema regulatorio que responde más a una lógica tradicional de control financiero y sancionatorio, antes que a una visión moderna de inclusión. Por lo que se puede inferir, Bolivia enfrenta la urgencia o necesidad de desarrollar un nuevo marco normativo que incorpore el fomento a las inversiones, la innovación tecnológica, la educación financiera y la flexibilización prudencial; como ejes de la política sectorial.
La actual normativa, centrada en la solvencia y no en la expansión del mercado, limita el surgimiento de nuevos productos y actores especializados. En este escenario, la reforma de la regulación debe apuntar a una supervisión basada en riesgos y resultados, y no solo en el cumplimiento formal.
Un ejemplo paradigmático es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que está vigente en el país desde 2001. Aunque su implementación ha permitido incorporar a millones de conductores al sistema asegurador, su enfoque obligatorio y no educativo ha limitado su potencial transformador.
El SOAT, paralelamente, se ha convertido en una plataforma de educación aseguradora y de incentivos para su cumplimiento. Esto podría convertirlo en un modelo de inclusión, especialmente si se lo complementa con seguros de salud y de vida, de bajo costo, para sectores vulnerables de la población boliviana.
Asimismo, los avances en la digitalización del sistema financiero y la expansión de la banca móvil abren una ventana de oportunidad. Según el Banco Central de Bolivia (BCB), más del 80 % de las transacciones electrónicas se realizan, ya, desde dispositivos móviles.
Precisamente, estos aparatos podrían facilitar la comercialización de microseguros y productos inclusivos, a través de alianzas con empresas tecnológicas financieras (fintechs), cooperativas y entidades de la economía social.
Sin embargo, sin una actualización regulatoria que promueva la innovación y la interoperabilidad, el país correría el riesgo de rezagarse frente a sus pares regionales.
En Bolivia se podría recuperar el espíritu del sistema de regulación sectorial de la década de 1990, adaptándolo a la coyuntura, sustentada en varios pilares: instituciones técnicas y autónomas; normas claras y articuladas con el sector productivo; supervisión preventiva y no solo correctiva y sancionadora, fortalecimiento de la tramitología; y protección social explícita en los sectores sensibles y vulnerables.
En conclusión, la actualización del marco regulatorio fortalecería la competitividad del sistema asegurador y permitiría consolidar al seguro como una herramienta efectiva de protección social y desarrollo económico para el país.
