Desde tiempos precolombinos, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1492, la minería y la metalurgia se han constituido en actividades fundamentales para la economía boliviana. Entre los principales minerales extraídos en el país destacan el zinc, oro, plata, estaño y plomo. A estos se suma el litio, que aún no genera ingresos significativos, pero representa un recurso con enorme potencial de rentabilidad, considerando que Bolivia posee una de las mayores reservas mundiales de este metal.
Bolivia es considerado un país minero; sin embargo, en las últimas dos décadas el sector ha experimentado una profunda transformación ante el avance imparable de la minería cooperativizada, que ha desplazado a la minería estatal y privada. Aunque las cooperativas generan el 90% del empleo minero, incongruentemente apenas aportan un 20% de la producción total de minerales.
A pesar de que el aporte de las cooperativas es reducido, el oro representa una fuente crucial de ingresos en Bolivia, tanto para grandes empresas como para pequeños mineros y cooperativas y, en última instancia, para el Estado. Entre 2005 y 2022, las exportaciones bolivianas de oro acumularon $us 16 mil millones, correspondientes a la venta de 673 toneladas de este mineral (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2023).
La minería sigue siendo un sector relevante para el crecimiento económico, con una contribución promedio de 6% a 7% al PIB, entre 2006 y 2024. No obstante, su participación ha disminuido en los últimos años debido al riesgo país –que casi eliminó la inversión extranjera directa– y a la reducción de la inversión privada, que pasó de representar un 76% en promedio, entre 2006 y 2014, a solo 45% entre 2015 y 2024. A ello se suma la decadencia de la minería estatal, que apenas alcanza el 9,2% del valor de la producción minera.
En términos fiscales, la minería privada aporta la gran mayoría de la recaudación; mientras que las cooperativas, pese a dominar la producción de oro, contribuyen con montos marginales:
Minería privada: entre $us 950 y 1.300 millones anuales.
Cooperativas: apenas entre $us 15 y 28 millones en el mismo periodo.
Brecha: más de 40 veces de diferencia entre ambos sectores.
Cuando comparamos la contribución de la minería en Bolivia con los países de la región vemos un desempeño menor frente a países como Chile, que registra una contribución de la minería al PIB de entre 10% y 12%, y Perú con el 8% y 10%.
En Bolivia, las exportaciones mineras pasaron de representar el 26% del total, en 2006, al 51% en 2024, desplazando al sector de hidrocarburos (16%, en 2024) y una contribución al PIB del 6 a 7%. La minería refleja una creciente importancia en la generación de divisas.
Crecimiento exponencial
Según el economista Rafael Calani, tras la nacionalización de la minería, en 1952, surgieron las primeras cooperativas como respuesta a la desocupación y a la necesidad de la COMIBOL de reducir costos.
De acuerdo con registros de Fencomin, en 1981 existían alrededor de 90 cooperativas. En 2006 ese número subió a 911. En 2024 se tenía 3.383 cooperativas. En el caso específico del departamento de La Paz, las cooperativas auríferas pasaron de 459, en 2010, a 1.300, en 2020, casi triplicando su número en una década. Este incremento se dio principalmente durante los gobiernos del MAS (2006-2025)
Como consecuencia de ese crecimiento exponencial del sector, las exportaciones de oro se incrementaron casi 12 veces en menos de 20 años, pasado de $us 300 millones, en 2005, a $us 3.500 millones en 2023. En contraste, las regalías subieron menos de ocho veces, de $us 20 millones, en 2005, llegaron a $us 150 millones en 2023. En ese año, las exportaciones fueron más de 20 veces superiores a las regalías, evidenciando un aporte fiscal mínimo en comparación con otros sectores formales de la economía.
Desde 2018, las cooperativas generaron el 38% del valor minero nacional, cifra que ascendió al 58% en 2023, consolidándose responsables de más de la mitad de la riqueza mineral del país.
Claramente, las cooperativas generan más de la mitad del valor minero. La recaudación minera de los últimos cinco años muestra una fuerte concentración de ingresos provenientes de la minería privada (mediana y grande); mientras que las cooperativas –aunque dominan la producción aurífera— aportan muy poco en términos tributarios. El contraste es marcado: las cooperativas concentran más del 99% de la producción de oro, pero su aporte fiscal apenas llega al 0,2%; mientras que la minería privada sostiene la mayor parte de la recaudación efectiva.
Este bajo aporte se debe a que las cooperativas gozan de un régimen tributario especial que las exime de varios impuestos generales, sustituyéndolos por el Impuesto Consolidado Cooperativo Minero (ICCM), equivalente al 1% del valor bruto de venta del mineral. Esto implica que, pese a concentrar más del 50% de la producción nacional, su aporte fiscal es proporcionalmente bajo. En contraposición, las empresas privadas y la COMIBOL deben pagar todos los tributos establecidos, generando un sistema de marcada inequidad fiscal.
Fuente: IA con información pública
El marco legal de la minería en Bolivia se fundamenta en los artículos 369 al 372 de la Constitución Política del Estado y en la Ley de Minería y Metalurgia. Con el nuevo sistema constitucional, se modificó el régimen de propiedad de los recursos, pasando de concesiones minera, con derechos de disposición a contratos mineros que vinculan directamente a los operadores privados con el Estado. Bajo esta concepción, la propiedad de los recursos corresponde al “pueblo boliviano” y su administración al Estado, que además asume roles productivos a través de la COMIBOL y otras empresas públicas.
El oro ocupa un lugar estratégico, pues constituye el principal respaldo de las reservas internacionales del país. En este contexto, la Ley 1503 (2023), conocida como “Ley del Oro”, autorizó al Banco Central de Bolivia a realizar transacciones internacionales con el oro de las reservas, incluyendo su venta, en respuesta a la caída de las Reservas Internacionales Netas.
La mayoría de las cooperativas explotan minerales metálicos como plata, plomo, zinc, estaño, wolfram y oro. Otras se dedican a minerales no metálicos, como yeso y sal roja (caso de Tarija).
Costo ambiental y social
El acelerado crecimiento de las cooperativas mineras auríferas tiene un elevado costo ambiental para Bolivia, contaminando ríos por el uso de mercurio e impactando en los ecosistemas. El uso masivo de mercurio en la minería aurífera está causando daños irreversibles en ríos y, por ende, en comunidades indígenas, sin una retribución fiscal que compense estas externalidades; además de los pasivos ambientales no mitigados acumulados en diques de cola.
En lo que respecta al ámbito social, se ha evidenciado la vulneración de los derechos de los trabajadores, quienes no son reconocidos por ley debido a que las cooperativas, al ser asociaciones sin fines de lucro, no pueden contratar personal ajeno al área de administración.
El personal y los obreros que trabajan para las cooperativas no cuentan con equipo de protección personal y tampoco cumplen estándares de seguridad para la operación de equipos y vehículos. Se han registrado más de 80 muertes en 2025 en cooperativas tradicionales, sobre todo en Potosí, por accidentes en interior mina.
Asimismo, existen denuncias en sentido de que empresas privadas se camuflan como cooperativas, especialmente en el norte de La Paz y en la Amazonía, con operaciones importantes, uso de equipo pesado y dragas.
La mayoría de las cooperativas trabaja de manera semiformal o informal, sin registros contables o, cuando los tienen, practican una doble contabilidad y no registran adecuadamente las alzas de mineral.
La falta de trazabilidad y controles por parte del Estado no permite llevar un control riguroso a la producción, ley y pesos. Existe una evasión impositiva importante, pese a que los impuestos son comparativamente ínfimos respecto al resto de las actividades económicas.
La productividad de las cooperativas es baja y, pese a que emplean a unas 60.000 personas, no buscan eficiencia ni modernización operativa. Generan empleo precario, sin seguridad social y con escaso aporte al desarrollo nacional.
Vivimos una coyuntura de precios récord del oro, con una cotización que supera los $us 5.000 por onza, que estamos desaprovechando por no tener un régimen tributario único y regalías adecuadas.
Es conocido por todos el poder que tienen las cooperativas mineras históricamente, lo que les permite generar inestabilidad a cualquier gobierno constituido. Las cooperativas mineras tienen la capacidad de chantajear a cualquier gobierno. Han logrado concesiones empleando recursos que el país bien conoce: bloqueos, marchas con uso de dinamita en las calles y violencia descontrolada.
Para regular a este sector tan influyente y con una alta capacidad de movilización, es absolutamente necesario aprobar una ley antibloqueos que tipifique el corte intempestivo de rutas en áreas urbanas o rurales, así como el empleo de violencia extrema mediante explosivos (como la dinamita) como delitos penales.
También corresponde crear una ley sobre el sector cooperativo que regule sus actividades y genere equidad fiscal e impositiva con los mineros privados y fiscalice los impactos ambientales, eliminando el uso del cianuro y restaurando las áreas impactadas, penalizando a los responsables de su incumplimiento.
Es más que evidente que el costo político es muy alto, así como el potencial de generación de conflictos por parte de este sector; empero, Bolivia no puede seguir dependiendo de un modelo minero depredador e incorregible y empoderado.
Consecuentemente, urge una minería responsable con el medioambiente, con un régimen tributario único que además incorpore medidas de seguridad industrial y empleos dignos con la seguridad social respectiva.
En resumen, el gobierno actual evidentemente tiene un desafío más en la larga lista de tareas esenciales que debe cumplir. Posiblemente el problema de las cooperativas mineras sea el más enraizado a lo largo de la historia de nuestro país, pero indudablemente se lo debe atender, por conciencia con el medioambiente y las consecuencias irreversibles que conlleva; en equidad y precautelando los derechos constitucionales de cada uno de los bolivianos, se lo debe hacer AHORA, aún estamos a tiempo.
