Autor: Rolando Kempff Bacigalupo – Licenciado en Economía de la UMSA, doctorado Ph.D. en relaciones internacionales de la Universidad del Salvador (Argentina), académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
A fines del mes pasado, el Gobierno hizo público el Decreto Supremo 5595, el primer paso hacia la optimización administrativa del aparato estatal. Con esta norma se puso en marcha el Programa tranca cero, una iniciativa que no solo apunta a modernizar el Estado, sino también a fortalecer su institucionalidad.
El objetivo central del Decreto es transformar de manera gradual el funcionamiento del sector público, reducir las trabas burocráticas y avanzar hacia un modelo de gestión más ágil, digital y eficiente. Se trata, en esencia, de desmontar una estructura pesada que durante años ha limitado el desarrollo.
El escritor español Pío Baroja describió con notable precisión los efectos de la burocracia al afirmar: “La burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al público”. Esta reflexión, aunque formulada hace décadas, mantiene plena vigencia en nuestra realidad.
El denominado “Estado tranca”, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, representa una pérdida cercana al 6% del Producto Interno Bruto de Bolivia. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reconoció que la ineficiencia ha predominado en los últimos años y remarcó que el propósito del Gobierno no es administrarla, sino desmantelarla, con apoyo técnico y financiero del BID.
Las cifras reflejan con claridad la magnitud del problema. El Índice de Burocracia 2025 señala que abrir una empresa formal en Bolivia puede tomar entre 25 y 85 días. En contraste, en Brasil –el país mejor calificado de la región– este proceso requiere apenas 10 días. Este dato ilustra el verdadero viacrucis que enfrenta el empresario boliviano que busca formalizarse.
Otro indicador revelador –según el analista Leonardo Siles– es el tiempo que demandan los trámites administrativos. En Bolivia, las empresas deben destinar aproximadamente 1.796 horas al año –equivalentes a 225 jornadas laborales– para cumplir con requisitos como la renovación de matrícula de comercio, visados laborales y el pago de impuestos, entre otros. En Uruguay, en cambio, estas gestiones demandan poco más de 400 horas anuales. La brecha es evidente y preocupante.
El concepto de “Estado tranca” alude precisamente a este exceso de trámites y regulaciones que se han convertido en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social del país. Estas trabas no solo generan demoras innecesarias, sino que también fomentan la corrupción y desalientan la inversión privada.
Las consecuencias son múltiples: disminuye la productividad, se reduce la competitividad de los productos nacionales y se deteriora la calidad de servicios esenciales como la salud y la educación. La burocracia no solo afecta al sector empresarial, sino a toda la sociedad.
La informalidad es el resultado de la burocracia del Estado. Decenas de requisitos para ser formal desanima a los emprendedores jóvenes y prefieren ser informales.
En los años 90, el economista peruano Hernando de Soto publicó el libro El otro sendero, que describe el fenómeno de la burocracia peruana, que es comparable a lo que pasa en nuestros país y otros del hemisferio. Este artículo busca aportar para que el Gobierno reflexione sobre la modernización del Estado.
Cabe señalar que el fenómeno de la burocracia no es sostenido únicamente por los funcionarios públicos. También intervienen mecanismos administrativos –formularios, sellos, requisitos formales– que actúan como verdaderos “actores” dentro del sistema, reforzando la cultura burocrática. Un trámite sin sello oficial carece de validez, aun cuando su contenido sea correcto. Así, estos elementos se convierten en símbolos de poder y control.
Los empleados públicos, encargados de aplicar estos procedimientos, suelen exigir copias legalizadas, certificaciones y trámites presenciales, consolidando la percepción de que su intervención es indispensable para el funcionamiento del Estado. De este modo, la burocracia se presenta como garantía de orden y legalidad, cuando en realidad solo ralentiza los procesos.
Un ejemplo claro es el registro de una propiedad inmueble, que obliga a pasar por múltiples instancias como Derechos Reales, la alcaldía, una notaría y oficinas tributarias. Este tipo de procedimientos evidencia la complejidad innecesaria del sistema.
La persistencia de la burocracia en Bolivia no responde únicamente a la inercia institucional, sino también a intereses creados. Existen actores que se benefician directamente de estas trabas, lo que dificulta su eliminación.
Además, la burocracia implica costos adicionales –copias certificadas, legalizaciones, servicios legales– y extiende innecesariamente los tiempos de gestión, que podrían resolverse en horas pero terminan demorando semanas o meses. Más grave aún, abre espacios para pagos extraoficiales destinados a acelerar los trámites.
Por todo ello, el sector empresarial mantiene la expectativa de que el Programa Tranca Cero logre reducir de manera efectiva la burocracia y marque el inicio de una transformación real hacia un Estado más eficiente, transparente y al servicio de los ciudadanos.
