Por María Cecilia Uzqueda B.
Consultora internacional en Finanzas sostenibles
El vínculo entre finanzas y sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes más dinámicos de la política económica contemporánea. Movilizar capital hacia proyectos que reduzcan misiones de efecto invernadero, protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia social ya no es solo un compromiso ambiental, sino una condición para la estabilidad y la competitividad de los países.
En este contexto, Bolivia vive una etapa temprana de construcción de capacidades en finanzas sostenibles. Diversos actores públicos, privados y de cooperación buscan conectar la sostenibilidad con el desarrollo nacional. Aunque el camino es incipiente, el país muestra señales claras de cambio: el lenguaje financiero, el ambiental y el social convergen hacia un mismo horizonte.
Un sistema financiero en transición El sistema financiero boliviano, ocupa un lugar central en esta transformación. Integrar los criterios ESG1 en la evaluación de riesgos, en la planificación institucional y en las políticas crediticias significa no solo crear productos “verdes” o “sociales”, sino reconfigurar la cultura financiera y reconocer que los factores no financieros deben tener el mismo peso que los financieros.
En este proceso, la gestión de la doble materialidad entender de qué manera los factores ambientales y sociales afectan al negocio, y cómo las decisiones financieras inciden en el entorno se vuelve esencial al momento de financiar e invertir.
Para lograrlo, resulta fundamental que las áreas comerciales y de riesgo integren esta perspectiva de manera transversal, pues son estas las que definen el flujo real del capital. Una mayor adhesión de los Principios de Banca Responsable (PRB) permitiría consolidar esta visión.
Esta acción alinearía la estrategia del sector con estándares internacionales de transparencia y gobernanza. La sostenibilidad dejaría de ser una etiqueta para convertirse en un principio de gestión.
El segmento micro financiero de la economía, con vocación de inclusión, también desempeña un papel decisivo. Algunas entidades comienzan a explorar productos y metodologías de crédito que incorporan consideraciones ambientales o de eficiencia energética, o avanzan en la movilización de capital hacia proyectos con impacto social positivo.
El BancoSol es una de las entidades financieras interesadas en la emisión de sus bonos sociales. Estas experiencias reflejan la capacidad del sector para traducir la sostenibilidad en resultados tangibles en el nivel local. La banca de desarrollo ha sido pionera en la innovación para esta etapa de transición. La emisión del bono verde del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), logró movilizar capital hacia proyectos que combinaban rentabilidad con impacto ambiental. Más allá de su escala, esta iniciativa marcó un precedente que demostró que el financiamiento público puede ser una herramienta de transformación productiva y climática.
El Banco Central de Bolivia (BCB) dio un paso importante en esta línea al emitir bonos verdes, sociales y sostenibles para que sirvan como garantía en operaciones de reporto. Esta medida amplió la liquidez de los instrumentos temáticos, envió una señal de respaldo institucional e integró la sostenibilidad dentro de la arquitectura financiera nacional.
En esa misma línea, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, principal inversionista institucional del país incorporó este enfoque en su visión estratégica de inversión. Su participación en el debate sobre finanzas sostenibles es significativa, ya que puede inspirar prácticas más responsables en la gestión y canalización de recursos de largo plazo.
La Gestora, puede contribuir a una mayor coherencia entre las inversiones previsionales y los objetivos climáticos y de desarrollo del país. De manera progresiva, fortalecer su gobernanza y adoptar marcos internacionales —como los Principios para la Inversión Responsable (PRI)—podría consolidar el liderazgo y credibilidad, de la institución pública, en el camino hacia una inversión más transparente.
Regulación, clima y oportunidades
Un marco nacional consolidado para las finanzas sostenibles exige regulación, incentivos y liderazgo técnico. La creación de instrumentos normativos, como una taxonomía verde o un sistema de clasificación de actividades sostenibles, podría brindar claridad al mercado, facilitar la identificación de proyectos prioritarios y atraer capital, de tal manera que las decisiones financieras estén alineadas con las prioridades productivas y ambientales del país.
El contexto climático nacional refuerza la urgencia de avanzar en esa dirección. La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) vigente para la próxima década, orienta las metas de mitigación y adaptación, demanda un volumen de inversión considerable y una coordinación efectiva entre el sector público, las entidades financieras y los actores privados.
Estos compromisos climáticos permitirán repensar cómo se asignan los recursos y cómo el sistema financiero acompaña la transición hacia una economía más resiliente y baja en carbono, acorde con las metas de reducción de los efectos del cambio climático.
El sector empresarial también comienza a adaptarse a este nuevo entorno. Cada vez más empresas, públicas y privadas, entienden que incorporar prácticas responsables, desde la eficiencia energética hasta la gobernanza corporativa responsable, mejora su desempeño y reputación, reduce riesgos y abre puertas al financiamiento en mejores condiciones. La sostenibilidad es ahora una estrategia económica.
La academia cumple un rol esencial en la consolidación de este nuevo paradigma. Universidades y centros de formación han comenzado a ofrecer programas en finanzas verdes, climáticas y sostenibles, preparan profesionales bolivianos para conectar economía, ambiente y sociedad.
Pero más allá de la docencia, se necesario fomentar la investigación aplicada, para aportar información valiosa en la toma de decisiones públicas y privadas.
Este impulso no solo construye capacidades, sino que también contribuye a crear conocimiento propio, indispensable para que el país desarrolle una visión contextualizada de sus finanzas sostenibles.
Aprendizajes regionales y desafíos locales
En la región, varios países han avanzado en la integración de la sostenibilidad de sus sistemas financieros. Colombia desarrolló una taxonomía verde que orienta las inversiones hacia actividades sostenibles.
Chile publicó su Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (TMAS), de uso voluntario. Perú, por su parte, ha consolidado un mercado de bonos temáticos, combina emisiones soberanas con una creciente participación del sector privado y reglas claras de reporte y verificación. Estas experiencias muestran que es posible alinear la política financiera con los objetivos ambientales, sin comprometer la estabilidad económica.
Más allá de las diferencias institucionales, estos casos comparten un rasgo común: la articulación entre el Estado, los reguladores y el sector privado para crear un entorno propicio para el crédito y la inversión responsable.
En todos estos casos, la coordinación interinstitucional, la transparencia en la información y la generación de datos confiables han sido el pilar para atraer capital y fortalecer la confianza del mercado. Bolivia puede extraer valiosas lecciones de estas experiencias, adaptadas a su realidad y con el foco en los sectores estratégicos: energía limpia, agricultura sostenible, bosques y agua. Lo esencial es diseñar un modelo propio que refleje la diversidad económica y ambiental del país.
Si estas sinergias logran consolidarse, catalizarán los esfuerzos entre los diferentes actores, el país podría avanzar hacia un sistema financiero más inclusivo, resiliente y alineado con su agenda climática.
Por ello, avanzar hacia la sostenibilidad es, en esencia, un proceso de aprendizaje colectivo. Requiere liderazgo, coherencia y una visión de largo plazo capaz de conectar la estabilidad económica con la respuesta frente a los desafíos climáticos.
Esta determinación supone el repensar cómo se mide el éxito financiero y cómo se orientan los recursos hacia soluciones que mejoren la vida de las personas y protejan los ecosistemas. En ese camino, Bolivia tiene la oportunidad de construir un modelo financiero que combine rentabilidad, inclusión y resiliencia frente al cambio climático.
