Germán Molina Díaz
Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
El enfoque económico del proceso electoral nacional 2025 está dividido en tres fases: la primera, es la campaña electoral (simulador de vuelo); la segunda, la transición (carretear); y, la tercera, el candidato presidencial que gana el balotaje asume la gestión gubernamental (pilotear un avión).
La campaña electoral (simulador de vuelo), QUE se refiere a la fase de difusión de la propaganda en medios de comunicación masivos, comenzó el viernes 18 de julio y concluyó el miércoles 13 de agosto, tuvo una duración de 27 días.
En este tiempo, los candidatos a la presidencia de Bolivia movilizaron a su militancia y adherentes para divulgar su programa económico.
En la jornada electoral del 17 de agosto no se logró elegir a las nuevas autoridades nacionales para el período 2025-2030, según los porcentajes requeridos de acuerdo con la normativa vigente.
Por ello, de acuerdo con norma el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a una segunda vuelta entre las dos opciones más votadas. Este organismo determinó que entre el domingo 31 de agosto y el miércoles 15 de octubre se realizó la difusión de la propaganda electoral en actos públicos y en medios de comunicación para que los seguidores intensifiquen su trabajo de campaña, con el objetivo de conservar a los votantes de la primera vuelta y conseguir a nuevos adherentes para el balotaje del 19 de octubre.
La segunda fase electoral, la transición o “carre tear” del presidente elegido, se refiere a las actividades que ellos realizarán para recibir, de las autoridades actuales, toda la información económica, social, política de la situación del país, hasta antes del 8 de noviembre, fecha de conclusión de su gestión.
En el balotaje fue elegido presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira con 54,5 por ciento de la votación, con nueve puntos porcentuales de diferencia, respecto del candidato Jorge Tuto Quiroga.
Esta segunda vuelta se realizó por primera vez en el país. Este resultado significa que Paz aprobó la prueba del “simulador de vuelo” y será el piloto de la nave de la economía boliviana.
Alas nuevas
Para la etapa de la transición, o la de carretear, despegar, volar, realizar un aterrizaje suave o brusco dependerá de la pericia, conocimiento, credibilidad y experiencia del liderazgo de la nueva autoridad nacional y de su equipo de colaboradores, con el fin de que estos puedan resolver la crisis económica que atraviesa el país.
Este equipo tiene un plazo límite para demostrar su conocimiento, experiencia, credibilidad y experticia que, en los hechos, comenzó tras la publicación de los resultados de la contienda del domingo 19 brindados por el TSE.
Desde ese domingo, hasta el 8 de noviembre los nuevos gobernantes deberán lograr acuerdos políticos, a nivel nacional e institucional, para alcanzar una gobernanza y gobernabilidad, requisitos políticos fundamentales para ejecutar su programa, modelo y política económica que les permita alcanzar la estabilización de la economía, con prontitud, tal como lo demandan los 7.937.138 electores, los verdaderos jefes de los servidores públicos elegidos por voto.
Estos representantes tienen la misión de administrar el país, durante los próximos cinco años, sin premisas falsas y sofismas que, además, hagan conocer los efectos de las medidas de ajuste económica inmediatos; es decir, cuáles serán los efectos indirectos y de impacto para todos los bolivianos.
El presidente elegido y sus futuros colaboradores, en las distintas carteras del Estado, tienen que trabajar en concretar la oferta electoral que fue aceptada por sus demandantes, quienes esperan las soluciones de los problemas económicos que afectan sus bolsillos.
La nueva administración gubernamental tiene que “poner orden la casa”. Por lo tanto, equilibrar todas las cuentas económicas: fiscal, monetaria, cambiaria, financiera y de deuda pública.
Las prioridades
La política fiscal debería estar enfocada en lo más importante: gasto público, si cuenta con ingresos fiscales sincronizados con la política monetaria, sin crédito interno, excepto en dos situaciones: para atender necesidades impostergables, derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional, declaradas mediante Decreto Supremo y para atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario.
Estas premisas deben servir para mantener la estabilidad de precios, con la finalidad de contribuir a generar un nivel óptimo de producción de bienes y servicios y empleo, armonizada con una política fiscal con reglas y principios fundamentales para que no se convierta en una fuente de inestabilidad y solo de gastos de ingresos fiscales genuinos para conseguir un equilibrio fiscal, y un régimen cambiario único, real y flexible.
La solución a la crisis reside en la aplicación de un nuevo modelo y política económica, con un enfoque integral y simultáneo que genere los incentivos para que el sector económico privado formal crezca, sea cada vez más eficiente, genere empleos y los beneficiarios del sector público tengan incentivos para migrar a las nuevas oportunidades en el sector privado.
Una reforma superficial no sería suficiente y muchas reformas requerirán cambios constitucionales para asegurar su credibilidad. En este sentido, los nuevos gobernantes deben iniciar las conversaciones sobre el modelo económico y sus medidas, inmediatamente, para garantizar el apoyo necesario de los parlamentarios de otras bancadas.
Medidas democráticas
Las fuerzas políticas deberían conocer, del nuevo gobierno, cuáles serían las políticas económicas de ajuste fundamental y estructural; cuáles serían las consecuencias de la aplicación de estas y las que se prevén para más adelante; con el propósito de que el país sea viable, tenga credibilidad, tenga soporte externo de dólares. El apoyo parlamentario es fundamental, sin este las medidas están destinadas al fracaso.
Es complicado, difícil y costoso resolver los actuales problemas económicos que afectan a todos los bolivianos. Sin embargo, no es posible postergar la toma de decisiones porque se acelera el deterioro económico y tiene que ser resuelto por servidores públicos profesionales, expertos y con amplia experiencia en la gestión por resultados.
La credibilidad es otra herramienta clave. Especialmente ahora que los recursos públicos, no sólo son escasos, al contrario, ni siquiera hay cómo cubrir los gastos necesarios y básicos para garantizar el funcionamiento del Estado y del sector privado.
Una reforma superficial de la economía boliviana no sería suficiente y muchas acciones requerirán cambios constitucionales para asegurar su credibilidad. Por eso, es necesario que el apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional sea mayoritario.
La decisión de aplicar una política económica gradualista o de shock exitosa, es compleja, considerando los pocos datos económicos publicados por las autoridades que están a punto de concluir su gestión. Por ello, esta decisión depende de la credibilidad del nuevo equipo económico.
Los miembros de este equipo deberían ventas las base: si dicen lo que es, piensan lo que es y hacen lo que es, con consistencia, tendrán la confianza y credibilidad, de la población, aplicar medidas económicas gradualistas o de shock.
La economía interna es un campo minado y una bomba de tiempo. Las dificultades están diseminadas en el país. Las normas legales, los aspectos económicos, los convenios internos con diversos sectores de la economía, con instancias internacionales, procesos en contra del Estado, internos y externos, etcétera, deber ser considerados en un plan de ajuste y de reforma estructural, pero teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos en el corto, mediano y largo plazo.
En las últimas dos décadas, los gobernantes aprobaron una amplia diversidad de normas; desde la Constitución Política del Estado, leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, ministeriales, administrativas, instructivos y un largo etcétera. Este cuerpo legal debería ser analizado cuidadosamente y, si corresponde, los nuevos responsables del Estado deberían modificarlos de acuerdo con las metas programáticas y de modelo que se aplicarán los siguientes cinco años.
