La promulgación de la Ley 1670, el 5 de noviembre de 2025, introdujo una intervención regulatoria de gran calado en el sistema financiero boliviano. Sin embargo, a pocos días de su entrada en vigor, la medida se encuentra en un estado de incertidumbre legal sin precedentes.
Un recurso de inconstitucionalidad ha sido presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuestionando la validez de la norma.
En respuesta, las entidades del sistema financiero han optado por no ejecutar el diferimiento, adoptando una postura de prudencia regulatoria mientras se aguarda el pronunciamiento de la máxima instancia constitucional.
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