Para entender una parte se tiene que conocer el todo de cualquier ámbito de estudio. Está máxima no excluye la economía de un país. Para comprender la actual crisis económica de un país se tiene que recurrir a revisar su historia económica. En este artículo analizamos con estas directrices a Bolivia.
Antecedentes históricos
Desde la creación del país, hasta el bicentenario de la República de Bolivia, ocurrieron una diversidad de hechos económicos, sociales, políticos y de acción con el medioambiente que dejaron una variedad de resultados. Durante los períodos de comienzo de la independencia (creación de Bolivia); a sus cien años (centenario) y a sus 200 años (bicentenario) la economía, casualmente, se encontraba en crisis.
Tras la creación de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, su primer presidente, el libertador Simón Bolívar, en sus actos administrativos siguió la línea de la economía liberal para resolver una crisis del sector minero y del desabastecimiento de mercurio. En su época predominaba el pensamiento económico de libre mercado, formulado por el escoses Adam Smith.
En el centenario de Bolivia, bajo la presidencia de Bautista Saavedra 1921, fundador del partido Republicano, opositor al Liberal, una vez más, el país enfrentaba dificultades económicas.
Para el reciente bicentenario de Bolivia, en 2025, bajo la presidencia de Luis Arce, la situación no fue la excepción, ya que el país atravesaba y atraviesa una profunda crisis económica.
Durante los 200 años de existencia del país, las distintas administraciones gubernamentales diseñaron estructuras organizativas administrativas del Estado: modelo y políticas económicas de característica liberal y estatal, como se mueve el péndulo de un reloj. Además, cuando asumía un nuevo presidente, este consideraba que todo lo que había hecho su antecesor estaba mal y decidía comenzar de nuevo.
En el contexto internacional, el país tuvo una perdida territorial de 1.265.188 kilómetros cuadrados, incluyendo la provincia que garantizaba el acceso a las costas del Pacifico. Estos hechos se sucedieron por guerras territoriales con otros países y por las decisiones diplomáticas de los gobernantes, esta situación afectó drásticamente al desarrollo del país.
Los ingresos del país, entre 1825 a 2025, se basaron en la exportación de materias primas: plata, guano, salitre, corteza del quino (quinina), goma, estaño, gas y, durante la última década una década, el gobierno destinó ingentes recursos para explotar litio, otra materia prima, sin resultados favorables.
La explotación de recursos naturales no renovables y renovables servía para responder a la demanda del mercado mundial.
En el nivel interno, este tipo de explotación, no es atractiva para la inversión nacional y extranjera, debido a que los incentivos no son significativos para que los inversores arriesguen su capital.
Balance económicos de 2021 a noviembre de 2025
Los resultados alcanzados en las principales variables macroeconómicas durante la gestión gubernamental de Luis Arce 2021-2025 registran cambios en niveles, tendencias y estructura, hacia la baja que son la principal característica de un país en profunda crisis que conduce inexorablemente a medidas de ajuste económico.
La principal causa de la crisis económica es el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP)[1] y la política económica de colectivismo, impuesta desde 2006. Este esquema de formación es muy distinto a la realidad concreta conformada por once millones de personas heterogéneas, en la que cada una tiene sus propios intereses; regidos, en su por los deseos de libertad y obtención de propiedad privada.
Las anteriores autoridades maximizaron la función del bienestar social, en el quinquenio 2021-2025, con una concepción de la sociedad y la economía, para mostrar que las acciones estatales eran el resultado de las decisiones colectivas pactadas libremente, sin respetar la libertad individual de las personas y con los costos elevados de la pérdida de la productividad y la competitividad económica del país.
El resultado económico del MESCP fue un elevado déficit fiscal con tendencia oscilante: -9,3%, en 2021; -7,2% 2022; -7,5%, 2023; -12,0%, estimado para 2024; y programado para 2025, -9,2%. Con un promedio, durante los cinco años de -9,04 %. Por lo tanto, la crisis fiscal del sector público (SP) es la principal causa de desequilibrio en la balanza de pagos, brecha cambiaria, declinación del flujo y stock de dólares, inflación reprimida galopante, declinación de la producción de bienes y servicios, desempleo, deuda pública elevada, disminución de la inversión total, ausencia de seguridad jurídica, escases de gasolina y diésel, entre otros factores.
Los PGE anuales se ejecutaron financieramente y no estaban acompañados del avance físico de los programas, proyectos y logro de resultados, como establece la ley del Sistema de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO). En relación con el PDES tampoco fueron alcanzados los resultados programados por los indicadores económicos agregados del PDES de crecimiento económico, inversión pública respecto al PIB y tasa de inflación.
En la ejecución dos indicadores económicos registraron cifras por debajo de los datos programados; uno de ellos es la inversión pública, como porcentaje del PIB del 50%, y, el segundo indicador, la tasa de crecimiento económico del 70%.
Ambas variables económicas fundamentales, para lograr elevar y mejorar el bienestar económico de los bolivianos cuando crecen a tasas altas, y el tercero la tasa de inflación por encima del programado que significa la elevación del costo de vida de los bolivianos.
La aplicación de políticas económicas de estímulos a la demanda interna, con una política fiscal expansiva financiado con el crecimiento de la deuda pública, condujo a la profundización de la crisis económica, política, social y medio ambiente del país sin perspectiva de resolverla en el corto plazo.
Ante la escasez de dólares para pagar el servicio de la deuda externa y la importación de combustibles se utilizaron las barras de oro y también recurrían al mercado cambiario[2] para importar combustible que ocasionaba la elevación de su cotización del dólar.
Gastar es simple, y cuando este indicador tiene que ser reducido con un plan de ajuste económico es complicado y doloroso, pero no hay otra forma de resolver los problemas económicos que fueron acumulándose durante dos décadas continuas, aproximadamente,
Los datos económicos publicados hasta el 7 de noviembre de 2025 son: tasa de crecimiento del PIB -1,97%, durante el primer trimestre 2025; y -2,79% durante el segundo trimestre del mismo año. Esto significa que el país vive una recesión económica; tasa de inflación de 19,22, acumulada a octubre de 2025.
Una cifra que es galopante y presiona la elevación del costo de vida y las Reservas Internacionales Netas (RIN) de 3.227 millones de dólares; de ese monto, 73 millones de dólares son divisas que cubren el pago de una semana de importación de combustible. Ante esto, el Estado suscribió en dos oportunidades un Programa Fiscal Financiero MEFP-BCB de expansión del crédito interno del BCB, al Sector Público No Financiero (SPNF).
En resumen, el programa, el MESCP y su política económica condujeron a la economía a una recesión con inflación.
Balance económico (del 7 de noviembre a diciembre de 2025
La gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira se divide en dos fases: la primera cuando fue elegido presidente de la República de Bolivia, en el balotaje del 19 de octubre[3] y posesionado el 8 de noviembre hasta el lunes 17 de diciembre y la segunda fase a partir del martes 18 de diciembre.
La primera fase de la gestión del presidente Rodrigo Paz comienza en la segunda semana de noviembre del 2025 y logro lo siguiente: el suministro del combustible en el país; nuevos créditos de organismos multilaterales y bilaterales; la cotización del dólar paralelo en su nivel y tendencia es declinante y la calificación de riesgo país declino a 930 puntos el 10 de noviembre, por las expectativas favorables sobre el futuro de la economía boliviana.
El presidente Rodrigo Paz y su ministro de Economía y Finanzas Públicas José Gabriel Espinoza el día martes 25 de noviembre anuncio tres futuras medidas económicas que son: derogar el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortuna (IGF), el Impuesto al Juego (IJ) y el Impuesto a las Promociones Empresariales (IPE); pedirán a la Cámara de Diputados la devolución de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE 2026) para ser modificada y reducir un 30% el gasto fiscal para el 2026.
El jueves 11 de diciembre en plenaria de la Cámara de Diputados, en su agenda incluyo el tratamiento del PPGE 2026 y créditos de Japón y organismos internacionales.
Los convenios que se trataron fueron:
■ Convenio de Préstamo para el programa “Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19”, por un monto de hasta 15.000 millones de yenes japoneses.
■ Contrato de Préstamo con el BID para el “Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto”, por un monto de hasta 30 millones de dólares.
■ Contrato de préstamo “Liquidez en apoyo a la gestión económica” con la CAF, por hasta 550 millones de dólares que fueron aprobados. Un total de 680 millones de dólares que incrementaría el stock de las RIN del BCB.
En relación con el PPGE 2026, elaborado por el anterior gobierno, este fue rechazado por la Cámara de Senadores. Constitucionalmente, este sería Ley para que el Órgano Ejecutivo la promulgase, con el propósito de presentar otro PGE en febrero de este año.
El Ejecutivo tuvo 33 días para cambiar el PPGE-2026 e incorporar los diez compromisos del gobierno para hacer frente a la crisis y abrir a Bolivia al mundo, en los próximos cinco años (2025-2030), pero optó por el enfoque de presentar otro documento en febrero.
La segunda fase del gobierno de Paz comienza el miércoles 17 de diciembre. La autoridad lee un mensaje presidencial anunciando la promulgación del Decreto Supremo (DS) 5503, con el que declara la emergencia económica, financiera, energética y social en Bolivia.
El documento incorpora decisiones concretas:
■ Elimina la subvención al precio de los combustiblers y modifica la participación del 50% para el nivel subnacional; incorpora incentivos, reglas de inversión, comercio exterior, diferimiento de créditos, transferencias sociales y fijación del salario mínimo nacional de 3.300 bolivianos, desde el 1 de enero del 2026.
■ Reduce el gasto corriente en todo el sector público, silencio administrativo, se autoriza al BCB a recurrir a instrumentos de financiamiento externo, swaps de divisas, emisión de instrumentos financieros internacionales y recepción de garantías del Tesoro, refuerza las RIN.
■ Estabiliza la balanza de pagos y tipo de cambio, con la regularización y repatriación de capitales, incentivos tributarios a la producción, facilidades aduaneras de importación de insumos, saneamiento extraordinario de deudas tributarias
El DS también incorpora un paquete social: Bono Juancito Pinto 2026 sube a 300 bolivianos; incrementa de 150 bolivianos a la Renta Dignidad para no rentistas, antes correspondía a una dotación de 350 bolivianos para este sector de la población y alcanza a los 500 bolivianos. Crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), por 150 bolivianos cada mes, durante doce meses; a través de transferencias económicas temporales a familias vulnerables que no son beneficiarias de la Gestora.
Los efectos de los anuncios económicos son favorables para los agentes económicos consumidores, empresarios, gobierno y resto del mundo, pero no son de efecto inmediato, por el tiempo que transcurrirá después de la promulgación del Decreto y su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, entidad que hasta el lunes 22 de diciembre no tenía a la venta el DS 5503.
Por lo tanto, se estima que habrá una demora en la actualización de los procesos administrativos, dada la burocracia estatal en las entidades públicas, gestionados por y para las dependencias estatales nacionales, subnacionales y, principalmente, para los ciudadanos.
Es importante conocer los efectos inmediatos de las medidas de ajuste económico y su impacto para todos los bolivianos. Además, el gobierno tiene que completar las medidas de ajuste económico en el régimen cambiario, monetario, financiero y deuda externa sincronizado con la política fiscal, y la reglamentación específica para que el Decreto 5503 tenga presencia fortalecida.
El martes 23 de diciembre el gobierno presentó un nuevo Decreto, el 5509, para garantizar “internet real” en Bolivia, formar talento humano y crear una economía digital mediante la habilitación de operadores internacionales: OneWeb, Kuiper y Starlink para mejorar la calidad del servicio; asegurar continuidad y evitar monopolios tecnológicos.
El Decreto busca ampliar opciones para los usuarios en todo el territorio nacional; otorgación de 10.000 becas en 15 carreras tecnológicas; inaugurar un polo tecnológico en El Alto y construir la infraestructura digital estratégica, para generar valor agregado, inversión y empleo calificado.
Los datos económicos públicos disponibles, de esta gestión gubernamental son:
■ Tasa de inflación de 19,69%, acumulada a noviembre 2025; y mensual, noviembre, de 0,4%.
■ Reservas internacionales netas en 3.261 millones de dólares; 51 millones corresponden a divisas que cubren, parcialmente, el pago de una semana de importación de combustible, incluyendo los créditos aprobados por el Legislativo; 680 millones de dólares de las RIN alcanzarían a 3.941 millones de dólares y 731 millones de dólares son divisas; al 12 de diciembre suscribió una segunda revisión del PFF MEFP-BCB de expansión del crédito interno del BCB al Sector Público No Financiero (SPNF), hasta 16.000 millones de bolivianos, destinado a cubrir los gastos de noviembre y diciembre de 2025.
La reacción de la población, ante las medidas económicas, están divididas. Mientras algunos sectores apoyan las determinaciones oficiales, otros no lo hacen y, según encuestas virtuales, la gran mayoría se inclina por la aceptación de las nuevas reglas.
[1] La agrupación política que gobernó casi dos décadas (2006-2025), llegó al final de su ciclo y gestión gubernamental en 2025 porque no cumplieron con su oferta electoral, programa, modelo y política económica de que Bolivia sería como Suiza y que contábamos con un mar de gas y muchas cosas más.
2 Desde 2023 funciona un mercado paralelo que, en promedio, comenzó Bs 8,0 por $US1, y alcanzó una cotización elevada de Bs 20,0 = $US1
[3] El presidente Paz, tras las elecciones, comenzó las gestiones para el suministro de combustibles y de dólares ante organismos multilaterales y bilaterales.
