El título “Necesarias pero insuficientes medidas económicas” es un principio utilizado en calculo diferencial e integral para la optimización de recursos y maximización de ganancias; es decir, fijando una función objetiva sujeta a una restricción que se utiliza en la presente narrativa para describir la transición y la actual gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira (de 9 de octubre de 2025 al 23 de enero de 2026).
Transición y gestión
Se distinguen cuatro etapas:
La primera, elegido presidente de la República de Bolivia, en el balotaje del 19 de octubre, período de transición (entre el 19 de octubre de 2025 y el 7 de noviembre de 2025) de 20 días.
La segunda, posesión en el cargo el 8 de noviembre y, posteriormente, un anuncio de medidas económicas (8 de noviembre al 16 de diciembre de 2025), de 38 días.
La tercera comienza con la promulgación, el lunes 17 de diciembre, del Decreto Supremo (DS) 5503 “de necesidad y urgencia para la estabilización económica, financiera y social del Estado Plurinacional de Bolivia”, vigente durante 26 días, en el período del 17 de diciembre al 11 de enero de 2026.
La cuarta, del lunes 19 de enero, cuando se aprueba el DS 5516, que sustituye al abrogado DS 5503, hasta la fecha de redacción del análisis (del 11 al 19 de enero), ocho días.
En total transcurrieron 74 días de gestión gubernamental y quedan pocos para cumplir los 100 y resolver la crisis económica, como en la campaña electoral ofertó un candidato presidencial.
Durante la primera etapa, período de transición, se gestionó el suministro de combustible mediante pagos diferidos, compromiso de nuevos créditos con la CAF y otros organismos multilaterales.
La segunda etapa, que es la gestión del Presidente Rodrigo Paz, comienza en la segunda semana de noviembre del 2025 y se logró lo siguiente: el suministro del combustible en el país; nuevos créditos de organismos multilaterales y bilaterales; una cotización del dólar paralelo con un nivel y tendencia declinante, y la calificación de riesgo país que bajó a 930 puntos, el 10 de noviembre, por las expectativas favorables sobre el futuro de la economía boliviana.
El Presidente Rodrigo Paz posesionó el jueves 13 de noviembre del 2025 al presidente y al directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), y señaló: “El Banco Central deja de ser una caja chica; desde hoy vuelve a ser una institución al servicio de todas y todos los bolivianos”. Sin embargo, eso no se cumplió.
El Presidente Rodrigo Paz y su ministro de Economía y Finanzas Públicas José Gabriel Espinoza, el día martes 25 de noviembre, anunciaron las siguientes medidas económicas: derogación de los impuestos a las Transferencias Financieras (ITF), a las Grandes Fortunas (IGF), al Juego (IJ) y a las Promociones Empresariales (IPE). Se trata de proyectos de ley que hasta la fecha no fueron enviados al Órgano Legislativo.
También se anunció que se pediría a la Cámara de Diputados la devolución de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE 2026) para ser modificada y reducir un 30% el gasto fiscal para 2026, algo con lo que tampoco se procedió; se continuó con la aprobación del PGE 2026, como señala la Constitución Política del Estado.
El jueves 11 de diciembre, en plenaria de la Cámara de Diputados, se incluyó en la agenda el tratamiento del PPGE 2026 y de los créditos de Japón y de organismos internacionales.
Los convenios que se trataron fueron: convenio de préstamo para el programa «Apoyo de emergencia para respuesta al Covid-19», por un monto de hasta 15.000 millones de yenes japoneses; contrato de préstamo con el BID para el “Programa de integración urbana: parque lineal para La Paz y El Alto, por un monto de hasta $us 30 millones, y el contrato de préstamo “Liquidez en apoyo a la gestión económica” con la CAF, por hasta $us 550 millones.
Todos los convenios fueron aprobados y promulgados, y representan un total de $us 680 millones, que incrementaría el stock de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del BCB.
Con relación al PGE 2026 elaborado por el anterior gobierno, éste fue rechazado en la Cámara de Senadores. Constitucionalmente, sería ley para que el Órgano Ejecutivo la promulgue y vuelva a presentar otro PGE en el mes de febrero del 2026.
El Ejecutivo tuvo 33 días para cambiar el PGE 2026 e incorporar los 10 compromisos de gobierno para hacer frente a la crisis y abrir a Bolivia al mundo en los próximos cinco años (2025-2030)[1]; no lo hizo y decidió presentar otro PGE, en febrero del 2026.
La tercera etapa de la gestión del Presidente Rodrigo Paz comenzó el miércoles 17 de diciembre, con un mensaje presidencial anunciando la aprobación del DS 5503, que declara emergencia económica, financiera, energética y social y contempla decisiones concretas que fijan, fundamentalmente, precios para los combustibles, eliminando la subvención.
El Decreto contemplaba la fórmula del 50/50 para el nivel subnacional, incentivos, reglas de inversión, comercio exterior, diferimiento de créditos, transferencias sociales y fijación del salario mínimo nacional en Bs 3.300, a partir del 1 de enero del 2026.
Planteaba también la reducción del gasto corriente en todo el sector público, silencio administrativo, la autorización al BCB para recurrir a instrumentos de financiamiento externo, swaps de divisas, emisión de instrumentos financieros internacionales y recepción de garantías del Tesoro.
Al mismo tiempo, proponía reforzar las RIN, estabilizar la balanza de pagos y el tipo de cambio; la regularización y repatriación de capitales, incentivos tributarios a la producción, facilidades aduaneras de importación de insumos, saneamiento extraordinario de deudas tributarias.
El DS 5503 también incorporaba un paquete social. El Bono Juancito Pinto 2026 fue fijado en Bs 300; se establecía un incremento de Bs 150 a la Renta Dignidad para no rentistas (antes de Bs 350 y ahora de Bs 500); la creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), con transferencias económicas temporales a familias vulnerables que no se benefician de la Gestora. El monto del Bono PEPE es Bs 150 de forma mensual.
El martes 23 de diciembre se aprobó el DS 5509 para garantizar “internet real”, formar talento humano y crear una economía digital. Esto mediante la habilitación de operadores internacionales, como OneWeb, Kuiper y Starlink, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio; asegurar la continuidad y evitar monopolios tecnológicos; ampliar opciones para los usuarios en todo el territorio nacional.
A lo anterior se suma la otorgación de 10.000 becas en 15 carreras tecnológicas; la inauguración del «Polo tecnológico de El Alto» y de la infraestructura digital estratégica para generar valor agregado, inversión y empleo calificado.
La reacción de la población ante las medidas económicas está dividida. Según las encuestas digitales, quienes las apoyan son mayoría respecto a los que las rechazan.
En los hechos, la Central Obrera Boliviana (COB) movilizó a sus afiliados en las calles, con huelgas de hambre y bloqueo de caminos exigiendo al Órgano Ejecutivo la abrogación del DS 5503 y de sus 120 artículos.
Las medidas de presión de la COB duraron aproximadamente 26 días, hasta que se consiguió su demanda, y el DS 5503 fue sustituido con la aprobación del DS 5516, que consta de 32 artículos. Fue promulgado el 13 de enero del 2026 y fue consensuado entre ambas partes para levantar los bloqueos a los caminos. Todos estos acontecimientos comprenden la cuarta etapa de gestión del Presidente Rodrigo Paz.
El DS 5516
El DS 5516 mantiene los artículos del DS 5503 referidos a suprimir la subvención a los precios de los productos derivados del petróleo, con excepción del Gas Licuado de Petróleo (GLP). De la misma forma recupera las medidas sociales, como el incremento del salario mínimo.
La nueva norma modifica la alícuota del gravamen arancelario a cero por ciento (0%) de los productos establecidos en los Anexos 3 y 4; establece las condiciones para la aplicación de diferimiento automático de los créditos previstos en la Ley 1670, Excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos las unidades económicas de tamaño micro y pequeña.
También modifica el DS 29510 del 9 de abril de 2008 y el DS 1536, del 20 de marzo de 2013.
Los efectos de estos anuncios económicos son favorables para los agentes económicos consumidores, empresarios, gobierno y resto del país, pero no son de efecto inmediato; esto por el tiempo que transcurrirá después de su promulgación, publicación en la Gaceta Oficial y su reglamentación.
Habrá demora en la actualización de los procesos administrativos, por la burocracia estatal en las entidades públicas para su ejecución, y en todas las dependencias estatales nacionales, subnacionales.
Es importante hacer conocer los efectos de las medidas de ajuste económico inmediatos, lo que sucedería más allá; es decir, los efectos directos e indirectos y más lejanos para todos los bolivianos.
También se tienen que completar las medidas de ajustes económico en el régimen cambiario, monetario, financiero, deuda interna y deuda externa (bonos soberanos y el oro), sincronizando con la política fiscal y la reglamentación específica del DS 5516.
¿Resultados económicos?
Los resultados alcanzados durante la transición y actual gestión del Presidente Rodrigo Paz se aprecian a través de los datos económicos públicos disponibles. La tasa de inflación mensual a noviembre y diciembre registran 0,4% y 0,59%, respectivamente; son cifras menores a las registradas en los meses anteriores, y a la tasa de inflación de 20,4% acumulada al 2025.
Las RIN netas, a noviembre 2025, llegaban a $us 3.261 millones, de los cuales $us 51 millones eran divisas que cubrían parcialmente el pago de una semana de importación de combustible. A diciembre, las RIN llegaron a $us 3.713 millones y $us 505 millones son divisas.
Al 9 de enero de 2026, las RIN alcanzaron $us 3.810 millones y $us 523 millones son divisas. Son cifras con tendencia, nivel y estructura creciente que atenúan la depreciación de la moneda doméstica.
El 12 de diciembre se suscribió una segunda revisión del PFF MEFP-BCB de expansión del crédito interno del BCB al sector público no financiero (SPNF) hasta Bs 16.000 millones destinados a cubrir los gastos de los meses de noviembre y diciembre 2025, medida que incumplió que “el Banco Central deje de ser una caja chica”.
A Bolivia llegó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn con el objetivo de apoyar la estabilización económica y las reformas procrecimiento.
El BID está enfocado en ayudar a enfrentar los actuales problemas económicos y establecer las bases para un crecimiento económico sostenible. Esto mediante un acuerdo por $us 4.500 millones para el período 2026-‑2028 y destinado a respaldar la ambiciosa agenda de reformas del nuevo gobierno para estabilizar la economía, recuperar el crecimiento y ampliar la creación de empleo.
En enero 2026, la agencia internacional Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo país de Bolivia de CCC- a CCC, una mejora que representa una señal de alivio y un cambio de tendencia tras el cambio de gobierno, aunque el país continúa en una franja de riesgo.
En el Foro Económico Mundial, que se desarrolló en Davos, Suiza, participaron las principales corrientes de pensamiento económico y proyecciones sobre el rumbo de la economía global. Fue invitado el Presidente Rodrigo Paz y su asistencia hubiese sido una oportunidad estratégica para posicionar a Bolivia en el mundo.
Se perdió una oportunidad valiosa para que el Presidente pudiera explicar qué es «capitalismo para todos», su modelo 50/50 (redistribución de recursos entre el gobierno central y las regiones); el «Estado tranca» y la apertura de Bolivia al mundo.
Los líderes mundiales lo habrían escuchado y se hubiese aprovechado la oportunidad estratégicamente para atraer inversión extranjera al país y generar señales claras de una reactivación económica.
La publicación De la crisis a la estabilidad económica, Informe a dos meses de gestión de gobierno, del MEFP, publicado en enero del 2026 señala:
“En sus primeros 60 días, el Gobierno logró normalizar el suministro de carburantes, acabando así con las largas filas de vehículos en estaciones de servicio e incluso generando, en tan sólo 22 días, un ahorro fiscal de $us 240 millones al eliminar la subvención.
Además, fruto de la priorización de la problemática económica se fortalecieron las reservas internacionales, se estabilizó el tipo de cambio —permitiendo la contención de la inflación y la volatilidad cambiaria— y, mediante el Decreto Supremo 5516, se implementaron medidas de alivio financiero y protección social, marcando así el tránsito de una situación de crisis hacia un escenario de estabilidad económica».
«(…) Para este 2026 se prevé que el déficit fiscal se reducirá a cerca del 7% del PIB, y para el 2027, a un 3% o 4% del PIB. Esta reducción se logrará, en parte, por una disminución significativa en el gasto por combustible y la reorganización de los gastos salariales en el gobierno central, incluyendo la reducción de planillas en un 25 a 30%, mediante la eliminación de ítems fantasmas e irregularidades.
En cuanto a la inflación, se espera cerrar el año 2026 con una inflación de entre el 12% y el 17%, tomando en cuenta que la inflación al cierre del 2025 estuvo cerca al 20,5%. Para el 2027, si la línea de la política económica actual se mantiene, se prevé un incremento en el crecimiento del PIB de un 3% o 4% y una inflación de un solo dígito“.
Sin embargo, la publicación gubernamental no menciona el anuncio en sentido de que cuatro impuestos serían derogados, algo que no se hizo. Tampoco se conoce sobre los depósitos en dólares en el sistema financiero y la fecha en que los clientes podrán hacer sus retiros.
Tampoco se menciona el cierre de las empresas públicas deficitarias, ni el déficit cuasi fiscal por las operaciones de mercado abierto del BCB. La oferta del 50/50, que sería concretado en el PGE 2026, no se cumpliría sino al final del período presidencial, lo que fue anunciado por el Presidente Paz el miércoles 21 de enero.
Respecto a las estimaciones del déficit fiscal, tasa de inflación y crecimiento económico, es probable que se conviertan en logro si los proyectos de ley de reforma económica que el Órgano Ejecutivo envíe al Legislativo son aprobados. Esto está condicionado a la gobernabilidad y gobernanza. Si no se alcanza esos factores difícilmente se concretarán las estimaciones.
El 20 de enero de 2026, el BCB remitió a la Asamblea Legislativa el informe sobre las operaciones con reservas de oro al tercer cuatrimestre de 2025. El mismo da a conocer textualmente lo siguiente:
“La anterior administración efectuó cuatro operaciones en ‘ventas forward’ de oro; de estas, tres están vigentes y vencerán el 15 de junio, el 27 de agosto y el 9 de octubre de 2026, respectivamente. Para cumplir con los compromisos originados por estas operaciones, hasta octubre de 2026, el BCB debe comprar 6,6 toneladas, equivalentes aproximadamente a $us 921,2 millones”.
El informe continúa indicando que «a la fecha, más del 85% de las Reservas Internacionales se encuentran concentradas en oro. Para preservar el capital, reducir el riesgo y diversificar su composición —acorde con los estándares internacionales— el BCB recomienda disminuir esta concentración, que incrementa la exposición al riesgo de mercado y reduce los márgenes de liquidez necesarios para una adecuada administración de las reservas.”
Al respecto, la recomendación de disminuir la tenencia de oro del BCB no es aconsejable porque el precio del metal precioso está en ascenso y continuará con ese comportamientos porque el Banco de BASILEA modificó la normativa recientemente para que todos los bancos respalden con oro físico la emisión de certificados de oro (papel) a los inversionistas, algo que si no logran cumplir tienen que liquidar inmediatamente.
Esto significa que la demanda por oro aumentará, así como su precio. Por lo tanto, al contrario, el BCB debe intensificar la compra y no la venta de oro; si lo hiciera ralentizaría la depreciación de nuestra moneda y la elevación de la tasa de inflación.
¿Medidas necesarias pero insuficientes?
La respuesta es sí. Fueron necesarias pero son insuficiente para lograr la sostenibilidad de la estabilidad macroeconómica por las siguientes razones:
- La característica de las medidas económicas señaladas anteriormente permiten identificar una política económica de ajuste “despacito” (gradualismo), “prudencia” (discreción) y de creencia parcial a leyes y principios económicos (heterodoxia, Estado y mercado), con lo que tomará más tiempo resolver los problemas económicos.
- La política económica asumida tiene éxito por los resultados alcanzados en corto tiempo, pero contemplan un alto riesgo en su continuidad por el debilitamiento de la gobernabilidad, de la gobernanza y el factor de credibilidad del equipo económico, que está debilitándose al decir una cosa y actuar de otra. Esto no hace consistencia, por lo tanto fracasaría.
- Todo el peso del ajuste económico recae en las familias y el sector productivo; mientras que el sector público, que ocasionó la crisis, no ha sido ajustado hasta ahora. Las medidas económicas son insuficientes y se necesitan varias leyes de reforma estructural que deben ser aprobadas.
- La deuda pública externa (bonos soberanos y oro) e interna son una bomba de tiempo que debe desarmarse para preservar la estabilidad macroeconómica.
Las medidas no son suficientes, tienen que ser complementadas con varias leyes económicas para mantener y consolidar la estabilidad económica y financiera del país.
