Cumplidos los primeros 100 días de gobierno del presidente Rodrigo Paz, era inevitable que la mayoría de analistas económicos y políticos se vieran obligados a realizar una evaluación de su gestión; evaluación a la que nos tienen acostumbrados con cada presidente que asume el mando desde que Hernán Siles Suazo, acosado por una crisis heredada del gobierno de Banzer, declaró que en 100 días resolvería la crisis del país. Desafortunadamente, apenas dos años después, en 1984, Bolivia vivió la mayor crisis económica de su historia con una hiperinflación acumulada de 2 168% anual.
En términos generales, los analistas coinciden en que el actual gobierno actuó con sentido de urgencia, resolviendo la escasez de combustibles y acabando con las filas interminables en los surtidores –que parecen no haberse superado del todo–, evitando una progresiva paralización del aparato productivo nacional.
No hay duda de que las medidas más exitosas hasta hoy son las de haber levantado parcialmente la subvención de los hidrocarburos, estabilizar el tipo de cambio y mejorar la calificación de riesgo país. Todas estas medidas tienen el mérito de haberse llevado adelante en un marco absolutamente pacífico.
Otras medidas económicas coyunturales están plasmadas en el Decreto Supremo 5563, que establece un mecanismo de depreciación acelerada para maquinaria y equipos adquiridos en 2026, lo que permite mejorar la liquidez y recuperación eficaz de inversiones en menor tiempo. También repara una injusticia con los profesionales e independientes, que ahora podrán beneficiarse con crédito fiscal sobre alimentos, vestimenta, transporte, etcétera. Asimismo, la medida permite declarar como gasto deducible las deudas no cobradas, evitando de manera acertada que se paguen tributos sobre ingresos no percibidos.
Quedan pendientes temas como la Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE), que se aplica a aquellas cuya rentabilidad supera el coeficiente del 6%. Esta alícuota es del 25% sobre la utilidad neta imponible. En el actual contexto de crisis, el Ministerio de Economía podría considerar una sustitución del pago de la alícuota adicional por mecanismos de reinversión de dicha alícuota, para favorecer una expansión del crédito u otorgar financiamiento a personas que nunca se beneficiaron del sistema financiero y, de esta manera, ampliar la bancarización y formalización de nuevos agentes económicos. Para el caso de la minería y la industria extractiva, es recomendable implementar un sistema de obras por impuestos en el área de influencia de las operaciones.
No menos importantes fueron las actuaciones de la Cancillería, que cumplió con restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Chile. Las gestiones para posibilitar la aprobación de casi $us 8 000 millones en créditos del BID, CAF, Fonplata y otras multilaterales son dignas de elogio.
De todo lo detallado de manera precedente, es evidente que se han verificado avances importantes en los ámbitos económico y político. Sin embargo, también es totalmente evidente que hay temas que están poniendo a prueba la estabilidad del gobierno.
Entre esos temas, es importante mencionar la primera crisis que se originó con la promulgación del DS 5503, que declara emergencia económica nacional y establece medidas excepcionales para estabilizar la macroeconomía, recuperar liquidez, fortalecer reservas y garantizar el abastecimiento de combustibles y energía. Este conjunto de medidas fue percibido por los grupos sociales como favorable a los empresarios y antipopular, principalmente por la contradictoria comunicación del Ejecutivo.
La rápida articulación de los grupos corporativos liderados por la COB que estaba moribunda hasta ese momento— conjuntamente con la CSUTCB, forzaron al gobierno a derogar la medida con un alto costo político que desnudó la inexperiencia de los operadores gubernamentales, dejando muchas dudas sobre el manejo de la crisis y la capacidad de imponer una agenda económica y política compleja en un contexto evidentemente adverso.
En otro ámbito, cabe resaltar que el gobierno ha creado una enorme desconfianza e incertidumbre con el ingreso al país de 32 maletas que evadieron los controles aduaneros. Con ribetes de película, la operación fue liderada por una exdiputada de Santa Cruz utilizando un pasaporte diplomático vencido, con la complicidad de un juez, dueño del depósito. Hasta la fecha no se sabe nada de las maletas, su contenido ni del tercer cómplice extranjero, que está prófugo.
Asimismo, no hay claridad sobre el daño sufrido por miles de vehículos debido a la deficiente calidad de la gasolina distribuida por YPFB. Las autoridades han emitido declaraciones contradictorias; en este entendido, actualmente el Estado enfrenta una larga lista de demandas de resarcimiento por la falta de vigilancia sobre la calidad de los combustibles.
El reciente accidente de un antiguo avión Hércules de la FAB, en el que se demoró en decretar duelo nacional, y la megaconfusión con los billetes nuevamente contribuye a la pérdida de credibilidad del gobierno y muestra debilidades preocupantes en la gestión y comunicación de crisis.
Estamos observando la salida de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien presentó su renuncia al cargo debido a la polémica por sus declaraciones sobre el modelo de distribución de recursos 50/50. Sus declaraciones fueron interpretadas como centralistas y cuestionadas por la dirigencia política de Santa Cruz. Rápidamente, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el plan 50/50 debe contar con una metodología clara y con la participación de las nuevas autoridades subnacionales electas, entre ellas alcaldes y gobernadores.
Aclaró que la propuesta no se limita a la distribución de recursos, sino que apunta a una transformación estructural del Estado con responsabilidades compartidas. En la actualidad, el Gobierno administra el 80% de los fondos. Paz mencionó, asimismo, que será necesario dejar sin efecto más de 60 leyes y 40 decretos, y que dicho proceso comenzaría luego de las elecciones subnacionales.
El gobierno apenas ha consumido el 5% de su mandato, quedando un largo camino por recorrer. Somos conscientes de la complejidad de la situación política y económica, de los genuinos esfuerzos que se realizan para superar la crisis multisistémica heredada y celebramos los resultados de corto plazo.
De acuerdo con la encuesta de enero de la presente gestión, realizada por la empresa Ipsos Ciesmori para Unitel, el presidente Rodrigo Paz Pereira tiene un 65 % de aprobación en su gestión en el eje del país. En marzo del presente, la aprobación era del 63% y, claramente, la percepción empieza a declinar levemente por la inacción y varias de sus contradicciones en temas estructurales, siendo visiblemente observable la complicación que les significa la crisis que no está en absoluto resuelta.
La mayor preocupación recae en la falta de una coalición sólida en la Asamblea Legislativa, que pone en serio riesgo la aprobación del programa de reformas estructurales que Bolivia debe implementar para reconstruir la institucionalidad, aprobar las leyes necesarias, generar divisas y asegurar la estabilidad. Razones de sobra para que, de manera urgente, se formalice la coalición con Unidad Nacional y, además, salvar la imagen de un gobierno con una minoría parlamentaria, con consecuencias funestas ya conocidas en la gestión anterior.
Cabe resaltar que, para lograr un cambio y atraer Inversión Extranjera Directa, hay que tomar en cuenta las declaraciones del Embajador de Francia, Olivier Fontan: las empresas extranjeras esperan que se esclarezcan las reglas de juego en Bolivia para invertir nuevamente y ayudar a desarrollar el potencial económico en un “marco legal clarificado”.
Esperamos que, con el mismo sentido de urgencia que se empleó en las medidas coyunturales y de reconstrucción de las relaciones internacionales, se trabaje en construir gobernabilidad, indispensable para cambiar definitivamente el curso del país y, consecuentemente, cumplir de manera más acertada el desafío de gobernar.
