El país que soñamos: el sector privado traza la ruta hacia el futuro de Bolivia

Autor: Revista Y/O

En un nuevo aniversario del país, líderes de los principales gremios empresariales comparten sus deseos para la nación y el cómo alcanzarlos en favor, sobre todo, de las generaciones venideras.

Este 6 de agosto, al conmemorar 201 años de nuestra creación como país, el sector privado proyecta sus anhelos para la nación y detalla las estrategias gremiales orientadas a consolidar un crecimiento sostenible en beneficio de todos los bolivianos, con especial énfasis en las nuevas generaciones.

Para esta edición especial, la REVISTA Y/O convocó a destacados líderes del ámbito empresarial para conocer su visión de país y las acciones clave para alcanzarla. Entre los participantes destacan Giovanni Ortuño, presi dente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI). A este diálogo se sumaron también Josip Lino, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL); el liderazgo de la Cámara de Exportadores Harry Bellido; y Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).

En conjunto, estos líderes coinciden en la urgencia de construir una Bolivia con seguridad jurídica, atractiva para la inversión nacional e internacional, capaz de generar empleo digno y de consolidar una industria competitiva que sea referente en la región.

A continuación, presentamos sus testimonios sobre el país que anhelan y el camino para construirlo.

Bolivia necesita pasar de las respuestas coyunturales a una estrategia nacional de transformación. Para ello, consideramos que es necesario construir un gran acuerdo por el desarrollo que involucre al Estado, al sector privado, los trabajadores y la sociedad civil, con objetivos claros y políticas de largo plazo.

Ese acuerdo debe sustentarse en la estabilidad institucional. Esto implica fortalecer la democracia, garantizar la independencia de poderes, la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas, condiciones indispensables para recuperar la confianza y atraer inversión.

Otro pilar fundamental es una reforma del Estado que lo haga más eficiente, transparente y orientado al servicio del ciudadano. Un Estado moderno debe concentrarse en crear condiciones para el desarrollo, combatir la corrupción, garantizar servicios públicos de calidad y administrar responsablemente los recursos públicos.

Por otro lado, debemos construir un nuevo modelo productivo basado en la libertad económica, mediante un entorno favorable a la iniciativa privada. Es indispensable promover la inversión nacional y extranjera, facilitar la actividad empresarial, eliminar barreras innecesarias, asegurar el acceso a divisas, impulsar las exportaciones y restablecer condiciones de competitividad para todos los sectores productivos.

Es necesario aprovechar plenamente las ventajas competitivas del país mediante una estrategia de diversificación productiva que incorpore mayor valor agregado, innovación, transformación digital, sostenibilidad ambiental y formación de capital humano, fortaleciendo sectores como la agroindustria, la minería, la manufactura, el turismo, la economía del cono cimiento y las energías renovables.

Finalmente, consideramos que es urgente consolidar una cultura de diálogo permanente. Los grandes desafíos nacionales no pueden resolverse desde la confrontación ni mediante decisiones unilaterales. Bolivia requiere consensos amplios, confianza mutua y corresponsabilidad.

La CEPB está convencida de que el sector privado tiene la capacidad, la experiencia y la voluntad de contribuir decisivamente a este proceso. Si generamos las condiciones adecua das, los empresarios invertiremos más, crearemos más empleo formal, innovaremos con mayor intensidad y contribuiremos a construir una economía más dinámica, inclusiva y sostenible para todos los bolivianos.

Para materializar esta visión global, la CNI impulsa su Agenda Ampliada de Industrialización, una hoja de ruta estratégica alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los estándares de competitividad internacional. Nuestra propuesta se estructura en dos pilares fundamentales:

1. Estabilidad macroeconómica y libertad económica con proyección exterior: Bolivia requiere condiciones que fomenten la inversión productiva y la integración regional. Proponemos que se garantice el libre tránsito y comercio intrarregional, asegurar el acceso a combustibles de calidad que optimicen la productividad industrial, y combatir decididamente el contrabando y la informalidad mediante tecnologías de trazabilidad y fiscalización inteligente
2. Seguridad jurídica como pilar de confianza inversionista: La atracción de capital extranjero y la retención del inversor nacional exigen un nuevo contrato social institucional. Proponemos una nueva Ley de Inversiones con estándares de protección internacional, así como marcos normativos modernos para hidrocarburos, minería, electricidad, agroindustria y turismo, que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Asimismo, impulsamos la modernización de la Ley General del Trabajo para adaptarla a las nuevas formas de empleo y productividad del siglo XXI, y una lucha frontal contra el contrabando que desmonte barreras burocráticas obsoletas, en especial en trámites del Senasag y Senavex, optimizando los procesos sin descuidar la calidad sanitaria exigida por los mercados globales.

Nuestra visión es una industria boliviana del conocimiento, competitiva en el escena rio mundial, con productos que integren innovación tecnológica, responsabilidad social y huella ambiental positiva. Aspiramos a que, desde el occidente hasta el oriente, cada subsector industrial sea un potencial económico del país, demostrando que Bolivia no solo conmemora su fundación, sino que construye activamente su protagonismo en el concierto de las naciones.

El crecimiento comercial no depende solo de producir más, sino de crear un ecosistema competitivo y de valor agregado para supe rar barreras como la burocracia, los altos costos logísticos y la mediterraneidad. Para ese objetivo planteamos:

1. Un marco institucional y regulación. Política de Estado, crear un Plan Nacional Exportador a 20 años que trascienda los cambios políticos. Simplificación burocrática: implementar una ventanilla única 100% digital e integrar aduanas e impuestos. Fortalecimiento institucional: mesas de trabajo público-privadas para eliminar trabas normativas.
2. Infraestructura logística comercial. Modernización logística: mejorar carreteras, recuperar la red ferroviaria bioceánica y crear centros de consolidación de carga. Acceso a puertos: negociar mejores condiciones en el Pacífico y Atlántico para reducir los sobrecostos de la mediterraneidad. Zonas especializadas: promover parques industriales exportadores con servicios aduaneros y laboratorios integrados.
3. Diversificación, valor agregado y calidad. Oferta exportable: superar la dependencia del gas, soya y minerales, impulsando la agroindustria, manufacturas y servicios. Industrialización: exportar productos terminados (muebles, chocolates premium) en lugar de materias primas. Sello nacional y calidad: promover certificaciones internacionales (ISO, HACCP, Carbono Neutral) y potenciar la «Marca País».
4. Competitividad, financiamiento y tecnología. Transformación digital e Industria 4.0: adoptar IA, Blockchain, Big Data e Internet de las Cosas (IoT) en la cadena productiva. Financiamiento e internacionalización: impulsar créditos blandos y factoring para insertar a las PYMES en el merca do global. Sostenibilidad: incorporar prácticas de economía circular y producción limpia para acceder a mercados exigentes y fondos verdes.
5. Mercado, capital humano e integración. Inteligencia y diversificación comercial: analizar tendencias globales para abrir mercados en Asia, Europa y África. Cultura exportadora: capacitación masiva empresarial e inclusión de comercio internacional en el sistema educativo. Integración regional: consolidar a Bolivia como un nodo logístico bioceánico clave en Sudamérica.

La ejecución sostenida de esta estrategia público-privada permitirá a Bolivia diversificar su economía, multiplicar sus empresas exportadoras, captar más divisas y generar empleos formales estables en la próxima década.

Para hacer realidad ese objetivo, desde CI FABOL proponemos generar una agenda de trabajo conjunto entre el Estado y la industria farmacéutica nacional, basada en el diálogo, la planificación y la implementación de políticas públicas que fortalezcan la capacidad productiva del país y aseguren el abastecimiento de medicamentos para toda la población boliviana. Estamos en condiciones de abastecer más del 70% de las necesidades de medicamentos.

Consideramos necesario desarrollar una política industrial farmacéutica que oriente la soberanía sanitaria estableciendo los lineamientos para un fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos, haga realidad la prioridad en la compra estatal de los mismos y nos permita generar centros de innovación, así como una reserva estratégica de medicamentos que atienda emergencias o pandemias.

Tener una autoridad reguladora (Agemed) fortalecida y reconocida internacionalmente también contribuye al fortalecimiento del sector, porque no solo se dinamizarán los trámites y se respaldará a una industria local competitiva, sino que además permitirá una lucha efectiva y sostenida contra el contrabando y la falsificación, por lo cual este tema deberá formar parte de esta agenda.

A corto plazo, por la situación económica y política que atraviesa el país es importante contar con certidumbre y seguridad, no solo en el acceso a divisas para pagos en el exterior —los que nos permitirán seguir contando con materias primas, insumos, materiales y tecnología in dispensables para la producción nacional— sino también en la posibilidad de que no se rompa la cadena de suministros en conflictos sociales y que los medicamentos y el oxígeno medicinal que producimos lleguen a tiempo a los diferentes lugares del país donde son requeridos.

Fortalecer la producción nacional implicará hacer realidad el “Compro hecho en Bolivia” con la habilitación de todas las fichas técnicas para tener la prioridad en la compra pública que manda la Ley 1257, tener el pago oportuno por las provisiones de medicamentos y la generación de me didas que promuevan la inversión, la innovación y la asimilación de nuevas tecnologías.

Estas propuestas generarán las condiciones que permitan a la industria farmacéutica boliviana seguir invirtiendo, generando más empleo, abasteciendo al sistema de salud y aportando al desarrollo del país.

Ese deseo se construye con medidas con cretas. Empieza por la seguridad jurídica. Bolivia necesita las leyes estructurales que el sector productivo pide hace años, reglas claras y estables, conocidas y consultadas con quienes las van a aplicar. Ese diálogo con el sector privado debe ser permanente e institucionalizado, presente antes de aprobar cada norma, parte natural de la gestión pública.

A eso se suma el acompañamiento técnico y financiero a las empresas en la transición hacia el nuevo régimen cambiario. Las empresas siguen recalculando precios, inventarios y costos. Ese aprendizaje acelerado necesita so porte real.

CAINCO propone además un plan de reconstrucción productiva tras los 56 días de bloqueos, que rompieron cadenas de suministro, cerraron mercados y dejaron a miles de emprendimientos sin capital de trabajo. Ese plan debe permitir entender la realidad del ecosistema empresarial post-crisis y desplegar acciones inmediatas de acompañamiento, evitando que miles de negocios abandonen la formalidad.

Se suma también la simplificación de trámites y la reducción de burocracia, hoy un fre no directo a la competitividad del país frente a la región, junto con una apertura decidida de mercados y proyección internacional para las empresas bolivianas.

CAINCO ya trabaja en varias de estas líneas junto a sus asociados. Estas acciones son necesarias, aunque las reformas estructurales dependen del Estado. El sector privado está listo para poner el trabajo, la información y la red institucional que hagan falta.