Autor: Germán Molina Diaz – Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UCB.
A continuación, presento el texto con las correcciones de ortografía, puntuación y tipografía aplicadas. He ajustado la segmentación de los párrafos más extensos para mejorar la legibilidad, manteniendo estrictamente el sentido original y el rigor técnico del autor.
La presente narrativa incorpora un análisis de la economía jurídica de la Constitución Política del Estado (CPE) y las luces y sombras en el análisis del desenvolvimiento macroeconómico durante más de 100 días de la actual gestión gubernamental. Con tal finalidad, se considera un marco normativo y marco conceptual utilizado durante dos décadas que aún se mantiene casi intacto.
Marco normativo
Se recurre a la economía jurídica, también denominada análisis económico del derecho, que es una metodología que utiliza herramientas económicas para evaluar y diseñar normas jurídicas; es decir, comprender el impacto de las leyes en el comportamiento humano y el mercado.
Se cuenta con dos enfoques sobre la economía jurídica: la primera se aplica desde la economía hacia el derecho, que es la metodología positiva (como es, descriptiva) que se utiliza en el presente análisis; la segunda es una propuesta destinada a implementar con la participación de la sociedad en la toma de decisiones económicas (más práctica y empírica).
El ámbito jurídico de un país está constituido por un conjunto de disposiciones legales que se clasifican según una estructura jerárquica del derecho que se conoce como «La Pirámide de Kelsen», atribuido formalmente a Hans Kelsen. Este método jurídico permite representar la jerarquía normativa de un sistema jurídico señalando que las normas de mayor rango otorgan validez a las de menor rango.
La estructura jurídica de un país se clasifica en: Cúspide (Constitución Política del Estado); Nivel Intermedio o legal (Leyes, tratados internacionales y legislación nivel subnacional) y Base (Decretos reglamentarios, resoluciones supremas/ministeriales y sentencias, que son normas jurídicas individuales). En nuestro país, la Pirámide de Kelsen se aplica con la Constitución en la cima, seguida de tratados internacionales, legislación nacional/departamental y decretos.
La Constitución Política del Estado (CPE), también conocida como la ley de leyes, determina: las bases fundamentales de Estado, derechos, deberes y garantías; la estructura y organización funcional del Estado; la estructura y organización territorial del Estado; la estructura y organización económica del Estado y, finalmente, la jerarquía normativa de reforma de la Constitución. A partir de esta norma suprema se desprende el resto de leyes, como es la del Órgano Electoral Plurinacional y Representación Política o de Partidos Políticos.
Marco conceptual
La definición de las variables económicas, modelo económico, política económica y la función del Estado en la economía se define como marco conceptual. Un marco conceptual detallado sobre el modelo económico, política económica y la función del Estado en la economía fue incorporado en el marco normativo de la ley de leyes, la CPE.
Aprobada en el referendo del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009, la norma aprueba el «Modelo de Economía Plural (MEP)», orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y todos los bolivianos. El MEP se basa en una concepción de la sociedad y la economía que pretende mostrar a las acciones estatales como fruto de decisiones colectivas pactadas libremente, sin respetar la libertad individual de las personas y costos elevados de pérdida de la productividad y competitividad económica del país.
La CPE señala que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y todos los bolivianos. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y mixta. La organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad.
No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. Las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos hechos en Bolivia.
En conclusión, el Estado con la actual CPE asume todas las funciones imaginables en la economía y además de dirigir la misma; mientras esté vigente, no sería posible modificar el modelo, política económica y ejecutar un programa económico diferente como un modelo de economía de mercado y Estado Regulador.
En resumen, no es posible cambiar de programa, modelo económico y política económica si no es cambiada la actual Constitución; en caso contrario, la gestión económica gubernamental continuaría de forma similar a lo acontecido durante dos décadas que no es viable.
Luces y sombras
Después de dos décadas continuas de gestión gubernamental estatista (2006-2025) según la CPE –de control de la actividad económica, de suprimir los incentivos al sector privado, aparentes nacionalizaciones, confiscación a los que generan riqueza y redistribución del ingreso, etcétera– que fue aprobada por un conjunto de normativas legales y económicas, sus resultados –construido y ejecutado– resultó similar a un campo minado y bomba de tiempo que se utiliza en una guerra como defensa contra el enemigo. Este escenario está destinado a dificultar las actividades a un nuevo gobierno, dejando una línea de base o condiciones iniciales a nivel interno de la economía casi destruida.
Transcurrieron más de 100 días de la administración gubernamental del presidente Rodrigo Paz y, en la toma de sus decisiones de política económica, decidió por una de característica gradualista, discreción y heterodoxia. De este modo busca contar con un poco más de tiempo para conseguir crédito externo de los organismos multilaterales y bilaterales destinado a elevar el flujo de dólares al país e incrementar el stock de las reservas internacionales del Banco Central; contar con gobernabilidad y gobernanza; subsanar la ausencia de un programa económico y dar respuestas a varias preguntas (qué, cómo, para qué, cuándo, costo, dónde); y consolidar el apoyo de la población a futuras medidas de ajuste económico.
Por otra parte, sobre la visión de país aún pendiente hasta la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) por el Ejecutivo al Legislativo, no se tiene un Presupuesto General del Estado 2026 según los lineamientos de la actual administración de gobierno. Se viene utilizando el del anterior exmandatario que utilizó la contabilidad creativa y, lo fundamental, no se conoce si se mantiene la actual CPE o si, mediante procedimientos constitucionales, se repondría la CPE de 1967 y sus reformas o alguna otra forma; esto no fue mencionado de forma explícita.
Hubo luces y sombras en la gestión gubernamental: se quitó la subvención a los derivados de hidrocarburos y normalizó su comercialización; compromiso de crédito externo del BID, BM y CAF, apertura de las exportaciones, aprobación del Decreto Supremo 5503 que duró menos de un mes y fue reemplazado por el Decreto Supremo 5516, Salario Mínimo Nacional Bs 3.300 a partir de enero, creación del Bono PEPE, aumento de Bs 150 al Bono Juancito Pinto, Starlink y proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional de eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras y otros.
También se destaca el desembolso de dólares a la banca para que puedan retirar las personas que cuentan con depósitos hasta $us 1.000, el uso de tarjetas de crédito y débito hasta el límite de crédito aprobado por el banco y de $us 500 respectivamente; varias normas legales a nivel de decretos supremos; bajó la calificación de riesgo país; participación en Davos.
Se suma la reunión en Estados Unidos (Washington) con el presidente Donald Trump y otros países, reuniones con organismos internacionales de financiamiento (BM, BID, CAF y otros), eliminación de visas a ciudadanos de varios países, apertura del país al mundo, cumplimiento en el pago del servicio de la deuda externa, mejora la calificación de riesgo país, relativa mejora del flujo y stock de las reservas internacionales (RIN), y la sugerencia de disminuir la participación porcentual del stock de las barras de oro de las RIN.
Sin embargo, persisten sombras como el 50/50 sobre recursos públicos dividido entre los niveles nacional y subnacional –cuyo procedimiento no ha sido esclarecido– y el anuncio de superávit fiscal en enero de Bs 2.300 que continuaría los próximos meses.
No obstante, no hay información en el MEFP en sentido de por qué las entidades públicas presentan la información del período fiscal 2025 hasta el 31/03/2026.
Según la CPE, el Ejecutivo tiene el PGE 2026 aprobado automáticamente y falta el PGE 2026 reformulado, con diversos anuncios sobre su tratamiento y fecha de envío por el Ejecutivo al Legislativo.
En un evento en el Hotel Casa Grande, el Ministro abordó pocos minutos sobre el presupuesto reformulado a grandes rasgos, subestimando el precio del barril de petróleo que se utiliza en los datos presupuestarios, así como no especifica el tipo de cambio utilizado.
Se manejó como si se tratara de un trámite sin importancia y menor para la economía que está con iliquidez de dólares, régimen cambiario múltiple, recesión e inflación galopante, para después trasladar la atención rápidamente hacia la presentación de la plataforma “Presupuesto abierto” que permite buscar datos de gastos fiscales 2016-2024.
Los resultados de la política económica que inicialmente tuvieron éxito por el factor de credibilidad del equipo económico –porque decían lo que es, pensaban lo que es y hacían lo que es– fue consistente. Pero cambió al poco tiempo porque expresaban lo que es y, con lo que dice que piensa y actúa de manera diferente, no fue consistente; perdió credibilidad y resurgieron varios problemas.
Continúa trabajando en el sector público, en el país y el exterior, el personal contratado por los gobiernos anteriores porque no hay recursos para el pago de indemnización y desahucio a los que están dentro de la Ley General del Trabajo, además de la iliquidez de dólares para el personal del exterior.
Se suma la gasolina de mala calidad que deteriora los vehículos y diversas versiones sobre la causa, demora en el pago por el daño a los vehículos, 32 maletas que llegaron al país de las que no hay información, bienes y cajas fuertes de Marset con diferentes versiones.
Vuelven las filas en todo el país en las estaciones de servicio de venta de gasolina y diésel, renuncia de varias autoridades gubernamentales, pliego petitorio de la COB y anuncios de protestas sociales y bloqueos, etcétera.
En resumen, continuamos con los mismos problemas sin resolver que afectan los bolsillos de todas las personas sin excepción y, hacia adelante, continuaría casi sin modificación, lo que sería insostenible económica, social y políticamente.
Existe el riesgo de no mantener la frágil estabilidad macroeconómica del país porque se mantiene intacta toda la estructura jurídica –es decir, la CPE, el resto de normas, modelo y política económica– permaneciendo el personal del sector público, incluido los de las embajadas.
Para ser reemplazados o suprimir los puestos, haciendo una estimación con supuestos, el Estado tiene que pagar aproximadamente más de $us 4.000 millones si están contratados amparados por la Ley General del Trabajo, recursos que las empresas públicas no tienen.
Conclusión
Es posible resolver los problemas económicos de corto, mediano y largo plazo acordando una nueva CPE, un programa económico, modelo económico y política económica y una visión de país.
Esto debe ser convocado por el presidente Rodrigo Paz llamando a un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y la concertación con los sectores sociales del país de forma urgente. Debe comenzar a realizarse entre los bolivianos y, si es dificultoso llevarlo a cabo, recurriendo a la Iglesia Católica y a instancias especializadas de Organismos Internacionales.
La situación que vive el país en la actualidad es otra experiencia profesional de las varias que tuve desde el siglo XX, comenzando a finales de la década de los 70.
En una conversación con el economista Armando Méndez Morales, le comenté que los problemas económicos serían solucionados estrictamente con medidas económicas, a lo que me replicó que no era verdad porque, según dijo: “90% es política y 10% es económico”.
Esta opinión en esa época me dejó pensativo debido a que, en las clases en la universidad, los catedráticos en las diversas materias realizaban sus exposiciones magistrales con el método positivo y normativo utilizando una serie de modelos económicos teóricos, cuantitativos, históricos, sociología, derecho y especializadas.
Por lo mencionado, es importante que la política y la economía estén sincronizadas para lograr el “primer mejor” y/o el “segundo mejor”; es decir, ambas políticas deben estar destinadas a mantener la estabilidad económica y financiera. Esta es una condición básica para crear un ambiente de confianza y credibilidad para todos los bolivianos sin exclusión y también para los inversionistas internacionales, con el objetivo de elevar el bienestar de la sociedad en el presente y de las futuras generaciones.
