Al firmar una póliza contratamos la promesa de estar protegidos frente a los riesgos cubiertos. Por eso, es fundamental contar con la garantía de que, si precisamos de la actuación del seguro, el compromiso se convierta en realidad. En buena medida, esto se consigue con una regulación y supervisión acordes a las operaciones y a la actuación de las aseguradoras para afianzar su funcionamiento y transparencia.
En todos los países, los actores económicos están sujetos a la intervención pública para garantizar que proceden correctamente. En concreto, el sector asegurador es una actividad muy supervisada en todo el mundo y sometida a una regulación mayor por su naturaleza e impacto en la economía.
Las aseguradoras operan bajo la atenta mirada de diferentes organismos que se encargan de velar por los derechos de tomadores, asegurados y beneficiarios, y están respaldadas por un sistema técnico y legal que se encarga de garantizar su funcionamiento, así como de promover la transparencia de sus actividades.
Organismos de supervisión
La gran estabilidad del sector asegurador reside en buena media en la fortaleza de los organismos encargados de su regulación y supervisión, que en los distintos puntos del globo vigilan que las compañías de seguros actúen conforme a la legislación vigente y las buenas prácticas.
Por ejemplo, en España esta responsabilidad recae en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Entre sus funciones destaca el análisis de la documentación que deben remitir a este organismo las entidades aseguradoras y reaseguradoras, los mediadores de seguros y reaseguros, y las entidades gestoras de fondos de pensiones, para llevar a cabo el control de su solvencia y actividad.
En este mercado existen diferentes normas que regulan el contrato del seguro, la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades, así como reglamentos específicos para las mutualidades de previsión social y el seguro de riesgos extraordinarios.
El marco europeo
Tras muchos y largos debates, en Europa se implementó Solvencia II, un marco importante para mejorar la gestión de los riesgos y la solvencia de las compañías de seguros, que se va revisando cada cierto tiempo para adecuarse a los cambios tecnológicos y económicos.
Su puesta en marcha estableció unas normas rigurosas para las aseguradoras comunitarias en tres puntos prioritarios:
- Requisitos de capital: reflejan los riesgos a los que se exponen las aseguradoras para garantizar que tengan el capital suficiente para cubrir sus obligaciones y, a la vez, mantener la estabilidad financiera.
- Supervisión interna: se refiere a la ejecución de sistemas internos eficaces y suficientes para la gestión de riesgos y el gobierno corporativo.
- Transparencia: aboga por una divulgación detallada y transparente de la información financiera y de riesgos de las aseguradoras, para que tanto los reguladores como los consumidores puedan tener una mayor comprensión de la situación de las compañías.
En este espacio geográfico hay que destacar, además, el papel de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA por sus siglas en inglés), un organismo independiente que asesora a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea y contribuye a proteger a los asegurados y a los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones, fomentando la transparencia y una supervisión eficaz, coherente y de calidad de los seguros y las pensiones de jubilación en el ámbito de la UE.
Supervisión internacional
En Latinoamérica la organización de la labor supervisora y de control es similar. En México se encarga la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, en Argentina la Superintendencia de Seguros de la Nación, en Colombia la Superintendencia Financiera, en Chile la Unidad de Supervisión de Seguros Generales o en Perú la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Sus cometidos son muy parecidos en todos los países: ejercer la inspección y vigilancia de las compañías aseguradoras, de acuerdo con lo previsto en su legislación. Muchos de estos organismos están integrados en la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL).
Otro actor clave en la configuración del panorama mundial de la supervisión de seguros es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), que trabaja en la elaboración de marcos armonizados para la supervisión de grandes grupos aseguradores internacionales en beneficio y protección de los asegurados y el mantenimiento de la estabilidad financiera mundial. Entre sus miembros se encuentran supervisores de seguros de más de 200 jurisdicciones.
En 2020 MAPFRE fue designada como grupo asegurador internacionalmente activo (IAIG) y es la única aseguradora española, junto con los gigantes globales del sector, que aplicará las exigencias de solvencia de acuerdo con el nuevo requisito regulatorio de esta asociación.
Control sí, hiperregulación no
Queda claro que una buena regulación es efectiva y muy necesaria para el óptimo funcionamiento de los seguros, pero hay que saber que, cuando es excesiva, crea justo el efecto contrario: aversión y confusión.
El Club de Aseguradores Internacionales afirma que esta industria está afrontando actualmente una hiperregulación nunca vista, que obliga a las compañías a dedicar vastos recursos al cumplimiento de la normativa impuesta por las diferentes jurisdicciones.
Tomando como ejemplo el caso español, según datos de UNESPA, el número de normas que afectan a esta industria se ha quintuplicado en los últimos cinco años, pasando de 12 normativas a casi 70 que afectan de manera directa o indirecta al seguro. Esto implica un verdadero desafío para las aseguradoras. La patronal del seguro española defiende que una simplificación de los modelos beneficiaría a todos: tanto a las empresas como a los clientes, una apreciación que, hoy por hoy, muchos comparten.