El seguro cumple una función social incuestionable: ofrece protección frente a riesgos que, de otra manera, afectarían de manera irreversible el bienestar de las personas y la estabilidad de las empresas. Esta función va más allá de lo económico, pues se vincula con la idea de solidaridad y de resguardo colectivo.
En Bolivia, este principio se ha materializado en políticas que intentan mantener tarifas accesibles y garantizar máximos beneficios para que un mayor número de ciudadanos cuenten con respaldo financiero, cuando les toque enfrentar situaciones adversas, de tal manera que la adquisición de un seguro no sea un privilegio, sino un derecho compartido.
Independientemente de cualquier fenómeno económico, los riesgos afectan a las sociedades: incendios domésticos e industriales, riesgos naturales, colisiones, accidentes de diversa magnitud, negocios que cierran y vidas que se transforman por circunstancias inesperadas.
La pregunta es inevitable: ¿cómo podría ser posible que las personas y empresas no tengan que enfrentar estas contingencias por el encarecimiento de las primas? El costo elevado limita el acceso al seguro, contradice su fin social y debilita la protección que la sociedad requiere frente a estos riesgos.
La inflación actual, en Bolivia, plantea un desafío adicional. Mientras los precios de bienes, servicios de salud y costos de reparación se elevan, las primas de seguro no pueden ser contenidas, deben modificarse. Como resultado, lo anterior genera tensión.
La sostenibilidad técnica de las aseguradoras se ve comprometida cuando las tarifas no reflejan el verdadero costo del riesgo. El dilema es claro: ¿cómo cumplir con el fin social del seguro sin poner en riesgo la estabilidad de las entidades que lo sostienen y cómo pagar más por una póliza cuando hay también otras necesidades que cubrir?
Ante esta situación, resulta necesario reflexionar en torno a varios puntos:
■ Primero, hay que reconocer que la función social del seguro no se limita a fijar precios bajos, sino a garantizar cobertura efectiva y oportuna en caso de siniestro.
■ Segundo, aceptar que la inflación obliga a repensar los modelos de cálculo actuarial y las políticas de fijación de primas, para evitar distorsiones que a largo plazo perjudiquen a los mismos asegurados y
■ Tercero, impulsar un diálogo entre reguladores, aseguradoras y sociedad que permita diseñar mecanismos flexibles de actualización de tarifas, acompañados de estrategias de educación financiera que expliquen al público el verdadero valor del seguro.
El reto, en definitiva, es encontrar un equilibrio. El seguro no puede convertirse en un producto inalcanzable por precios elevados, pero tampoco en un servicio insostenible que erosione la confianza en el sistema.
La inflación en Bolivia obliga a mirar más allá de la coyuntura: preservar la esencia solidaria del seguro, sí, pero con la responsabilidad técnica necesaria para garantizar su permanencia en el tiempo y su verdadero aporte al bienestar social.
Autora: T. Carola Hidalgo
