El seguro cumple una función social incuestionable: ofrece protección frente a riesgos que, de otra manera, afectarían de manera irreversible el bienestar de las personas y la estabilidad de las empresas. Esta función va más allá de lo económico, pues se vincula con la idea de solidaridad y de resguardo colectivo.
En Bolivia, este principio se ha materializado en políticas que intentan mantener tarifas accesibles y garantizar máximos beneficios para que un mayor número de ciudadanos cuenten con respaldo financiero, cuando les toque enfrentar situaciones adversas, de tal manera que la adquisición de un seguro no sea un privilegio, sino un derecho compartido.
Independientemente de cualquier fenómeno económico, los riesgos afectan a las sociedades: incendios domésticos e industriales, riesgos naturales, colisiones, accidentes de diversa magnitud, negocios que cierran y vidas que se transforman por circunstancias inesperadas.
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