En primer lugar, cabe destacar el anuncio de varios gobiernos de aumentar su compromiso de descarbonización fijando hitos y fechas a la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a sus países. En este sentido, en la cumbre climática celebrada el pasado jueves 22 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunciaba que se comprometía a reducir las emisiones hasta un 52% con respecto a los niveles de 2005 y que se fijarían las pautas para alcanzar la descarbonización de su economía como muy tarde en 2050. Una propuesta similar, aunque menos ambiciosa hacían en dicha reunión Japón (-46%) o Canadá (-45%), que por otro lado ya se habían comprometido en el pasado a alcanzar una actividad sin emisiones netas en 2050. Hay que recordar que países como China, Corea del Sur, Reino Unido y la Unión Europea habían fijado metas similares durante 2020.
Este conjunto de países por si solos suponen en la actualidad más del 50% de las emisiones globales, y su compromiso marca una señal clara a los mercados, empresas y ciudadanos. En las próximas fechas se tomarán medidas que permitan transformar la actividad económica para que ésta no genere una creciente desestabilidad climática derivada de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y en los océanos. Se espera que los recortes de emisiones de EE. UU. provengan de plantas de energía, automóviles y otros sectores de la economía, cuyas metas específicas serán fijadas a lo largo de este año. La Unión Europea ya está marcando su propia senda en el marco del Pacto Verde Europeo que también tendrá implicaciones en muchos sectores.
Este movimiento hay que encuadrarlo en la lógica planteada en el Acuerdo de París en 2015. Los países se comprometían a “mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, y realizar esfuerzos para limitarla a 1,5 °C”,hecho muy dependiente de la acumulación de GEI en la atmósfera. El instrumento de compromiso colectivo que se definió fue el de las contribuciones nacionales específicas (NDCs) que, aunque no tienen carácter vinculante, deben formularse como propuestas de país de acuerdo a las prioridades, necesidades y perspectivas de cada uno. Esos compromisos deben irse actualizando cada 5 años para incluir mejoras y mayores ambiciones. La futura celebración de la COP26 en Glasgow en noviembre de este año está destinada a valorar este aumento de compromisos, como parte del proceso de lucha contra el cambio climático global que los distintos países y agentes públicos y privados han asumido.
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