Experto invitado: Ibo Blazicevic – Past-Presidente de la Cámara Nacional de Industrias
La corrupción y la continuidad en la aplicación de políticas públicas con prácticas corruptas implementadas por el MAS están afectando seriamente la imagen y aceptación del gobierno de Rodrigo Paz. Mantener este statu quo podría afectar la gobernabilidad e incluso la continuidad de su mandato.
Desde el mismo día del inicio del mandato presidencial, el 8 de noviembre de 2025, se conocieron denuncias del vicepresidente Lara por discriminación a su familia en los actos protocolares. En un corto tiempo, debido a sus ambiciones personales, fue subordinado al Ministerio de la Presidencia, relativizado y neutralizado, convirtiéndolo en enemigo de Rodrigo Paz y del gobierno que juntos ganaron durante las campañas electorales de primera y segunda vuelta.
Unos días después, se posesionó a un gabinete que parecía el dream team, con profesionales destacados como José Luis Lupo, José Gabriel Espinoza, Fernando Aramayo y Mauricio Medinaceli. No podíamos estar más optimistas al saber que teníamos a algunos de los mejo res profesionales para encarar la difícil tarea de reconducir el país. Sin embargo, se empezó también a cuestionar la evidente presencia de antiguos militantes del MIR, amigos y familia res —gente sin experiencia alguna en gestión pública en cargos muy relevantes— y asesores políticos muy cuestionados.
A solo 21 días de iniciado el nuevo mandato, el 29 de noviembre de 2025, un vuelo chárter procedente de Estados Unidos llegó al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz con 32 maletas que no pasaron por los controles aduaneros regulares, debido a que la exdiputada Laura Rojas presentó un pasaporte diplomático. Han pasado casi ocho meses y no se conoce el contenido de las maletas; el caso continúa en absoluto hermetismo y sin transparencia.
Similar suerte ha corrido la desaparición de los relojes de altísima gama que habrían sido sustraídos durante el operativo de detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, denunciada con imágenes por el periodista Junior Arias en DTV. La situación se agrava además con el poco creíble operativo de decomiso de bienes donde, inimaginablemente, no se encontró dinero en efectivo ni tarjetas de pago; tras un burdo show, se procedió a abrir las cajas fuertes, que no tenían contenido alguno, extremo que merece no solo la indignación sino el cuestionamiento hacia las autoridades.
El caso de la “gasolina basura” o desestabilizada comenzó a escandalizar a nivel nacional a poco de asumir el nuevo gobierno. La gasolina de mala calidad causó daños significativos a miles de transportistas y vehículos particulares. Inicialmente, las autoridades negaron la posibilidad de contaminantes, pero más tarde reconocieron la existencia de manganeso y goma en indicadores no permisibles. El Gobierno se vio obligado a resarcir el daño a los afectados y recientemente se procedió a la aprehensión del exministro Medinaceli, un exceso judicial para distraer la atención.
Los últimos casos que afectan la imagen del Ejecutivo y han dejado una vez más en entredicho la actuación de las autoridades —además de mostrar lentitud intencional en las investigaciones— tienen que ver con el contrabando de armas y el reciente intento de sacar 189,5 kilos de oro hacia Dubái. Últimamente, se conoció que hay un robo de 22 kilos sin mayor información ni detalles al respecto, y ya se especula que este nuevo escándalo implicaría a las más altas esferas del gobierno.
Lo mismo sucede con BoA, empresa plagada de ineficiencias e irregularidades en la que, inexplicablemente, aún no se procede a su privatización, insistiendo en mantener un monopolio en perjuicio de los bolivianos.
Lo mismo sucedió durante los más de 53 días de bloqueos en Bolivia, que han profundizado la crisis que heredó el gobierno de Rodrigo Paz y que hoy atraviesa una coyuntura crítica: las últimas estimaciones de la Cámara Nacional de Industria señalan una pérdida económica de al me nos $us 2.700 millones de dólares, mientras que la caída de las exportaciones —se estima— llega a los $us 500 millones.
El daño económico para los emprendedores y el sector informal —que en Bolivia supera el 80%— es difícil de calcular, pero sus consecuencias dejan hoy 10.000 emprendimientos cerrados y 80.000 personas que perdieron sus fuentes de empleo.
La inflación supera el 20%, con un fuerte deterioro del poder adquisitivo. Se observa una pérdida de confianza de los potenciales inversionistas y un debilitamiento institucional.
El Gobierno no logra estabilizar el tipo de cambio del dólar. El tipo de cambio oficial pasó de Bs 6,86 por dólar en el sistema fijo a Bs 9,73 el 29 de junio, fecha de inicio del nuevo régimen flotante, y alcanzó Bs 11,80 el 29 de julio. El dólar flexible cumple un mes con una fuerte devaluación sobre el boliviano de un 72%. Tampoco se logra abastecer la demanda de diésel y recientemente también hay escasez de jetfuel.
El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, informó el 27 de julio que su partido y el gobierno del presidente Rodrigo Paz siguen “caminos separados”. Afirmó que la principal razón de ese distanciamiento es una cuestión de “ética”. Declaró ante varios medios que veía con preocupación los niveles de corrupción del actual gobierno y apuntó a diferencias irreconciliables sobre el manejo económico y la inacción respecto a las prioridades del país.
Ya pasaron ocho meses de la actual gestión gubernamental y es prioritario que el Gobierno emita señales claras de transparencia en la gestión estatal y el manejo de sus instituciones. Es imprescindible conformar una coalición o pacto político que permita aprobar las leyes prioritarias y créditos de estabilización para evitar un colapso inminente. Asimismo, se debe actuar con determinación para cerrar todas las empresas deficitarias y resolver el tema de YPFB, permitiendo el ingreso de otros actores privados para la importación y comercialización de combustibles, desmontando el monopolio estatal.
Finalmente, sin una reforma del marco jurídico y el alejamiento de los jueces y fiscales masis tas, se inviabiliza la participación del sector priva do extranjero. En síntesis, urge la construcción de la institucionalidad como punto de partida para recuperar el tiempo perdido.
Es posible que existan otras acciones de corrupción e inacciones desde el gobierno no menores a lo descrito; sin embargo, lo mencionado nos da una clara muestra de un gobierno que, día que pasa, se encuentra más aislado, que no logra consolidar un pacto polí tico que permita aprobar las leyes urgentes para reactivar la economía, atraer inversión extranjera directa, reformar la justicia y, sobre todo, reconstruir el país.
