Hace apenas tres años, Estados Unidos rechazó el Acuerdo de París sobre el clima y vimos cómo la explotación de los combustibles fósiles ocupaba un lugar central en la política energética del país. Desde entonces hemos asistido a un poderoso cambio de viento con la firma por parte del Congreso de Estados Unidos de la Ley de Reducción de la Inflación (LRI) el pasado mes de agosto.
Para algunos analistas, esta legislación, que prevé un gasto cercano a los 370.000 millones de dólares en tecnologías verdes, representa un gran éxito político interno para la administración Biden, un enorme impulso para la economía estadounidense y, sobre todo, una revolución en la lucha contra el cambio climático. En Europa, muchos dirigentes critican los efectos proteccionistas de la LRI y la Comisión Europea, que no quiere quedarse muy atrás, ya prepara su respuesta a través de su Plan Industrial Green Deal.
La LRI es un paquete legislativo multimillonario que, mediante subvenciones y exenciones fiscales a la industria de las tecnologías limpias, pretende «ecologizar» y hacer crecer una economía estadounidense que sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Además de abordar el aspecto climático, la legislación también pretende reducir el déficit presupuestario estadounidense mediante la introducción de un nuevo impuesto del 15% sobre los beneficios de las empresas estadounidenses, así como reforzar el sistema de seguridad social a través de una reducción de los precios de los medicamentos.
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