Experto invitado: Ibo Blazicevic – Past-Presidente de la Cámara Nacional de Industrias
En febrero de 2023, el Banco Central de Bolivia (BCB) dejó de proveer dólares El dólar se fijó ese día en Bs 9,76, dejando al sistema financiero debido a que sus reservas internacionales líquidas esta ban agotadas, como consecuencia de la debacle de la industria extractiva. Los bancos tuvieron que limitar las transacciones en dólares y empezaron a comprarlos a los exportadores a una cotización mayor; así inició la restricción a los giros internacionales y se procedió a limitar los retiros, extremos que dieron lugar a un dólar paralelo que devaluó el boliviano paulatinamente.
El 26 de junio de 2026 será recordado como una de las fechas más importantes en la historia económica reciente de Bolivia, el BCB inició formalmente la transición de un régimen de tipo de cambio fijo a uno flexible.
El dólar se fijó ese día en Bs 9,76, dejando atrás el tipo de cambio de Bs 6,96. 40 días después llegó a Bs 12,32. La falta de carburantes en Bolivia estalló este 2026. Comenzó en 2023, pero fue agravándose en 2024.
La crisis se ha intensificado debido a los siguientes factores: la escasez de divisas, la producción de combustibles y la subvención de precios. El Decreto Supremo 5676 establece que los grandes consumidores de diésel pagarán Bs 18 por litro, mientras que transportistas y usuarios particulares mantienen el precio subvencionado de Bs 9,80.
Esta medida errada complica aún más la situación, no resuelve la escasez del carburante; distorsiona el mercado con más filas de personas que buscan obtener diésel barato y revenderlo a precios cercanos a Bs 16,50.
La crisis y corrupción en YPFB han llevado al Gobierno a ordenar la intervención de la empresa por un periodo de hasta 180 días. La medida bus ca corregir deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de carburantes y fortalecer el control sobre sus operaciones.
La intervención contempla la creación de una comisión estatal extraordinaria conformada por cuatro ministerios que supervisará la gestión de YPFB, la deuda a las empresas Vitol y Trafigura por combustibles asciende a $us 1.030 millones, mientras que a proveedores varios se les adeuda $us 300 millones; una bola de nieve que solo se puede detener con el cierre inmediato de YPFB, un concurso de acreedores y un enorme sacrificio fiscal del TGE.
Como consecuencia de las erradas políticas de nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia soporta una caída del 54% en sus reservas proba das de gas, un 56% de caída en la producción y un 74% en las exportaciones, además de una dependencia crítica de importaciones (≈95% del diésel y 60% de la gasolina).
Es deplorable que los bolivianos, desde hace tres años y medio, vengamos soportando una crisis inmerecida debido a la falta de divisas y combustibles que parece no tener solución en el corto plazo. Sin embargo, la crisis no termina ahí…
La inflación afecta el bolsillo de la población de manera crítica. En 2025 la inflación alcanzó el 20,4%, la más alta en dos décadas. En 2026 se proyecta en torno al 14%. Esto debilita el poder adquisitivo y provoca un desabastecimiento que acelera la falta de credibilidad y el desgaste político del Presidente.
Por otra parte, el déficit fiscal recurrente que bordea el 10% del PIB en los últimos años es el resultado del modelo aplicado por los gobiernos masistas, que fomentaron el gasto público para impulsar la demanda interna en un contexto de caída de ingresos fiscales.
El expresidente Arce instaló una narrativa que pretendía hacernos creer que Bolivia ingresaba en la era de la industrialización y que habría destinado grandes inversiones —lo único real son los sobre precios— y gastos operativos para crear empresas estatales que en su mayoría eran y continúan sien do deficitarias.
Luego de nueve meses, la OFEP emitió un informe determinando que el número de empresas públicas en quiebra técnica subió de 15 a 20.
La OFEP indicó que se utilizó una metodología internacional para evaluar a las empresas, proceso en el que se hicieron “descubrimientos de terror”. Entre estos citó una deuda impositiva de más de Bs 8.100 millones, además de deudas a la Gestora y a proveedores.
La utilidad operativa en la gestión 2025 del total de las empresas públicas fue de Bs 6.096 millones, cifra que no alcanza siquiera para el pago de la deuda de impuestos y a otros acreedores.
Aún no se toman decisiones sobre estas em presas que permitan que los bolivianos se liberen del pago de impuestos y deuda pública para su funcionamiento.
El Gobierno ejecutó algunas iniciativas, como el intento de reducir la subvención a los combustibles, la flexibilización del tipo de cambio y el recorte del financiamiento del déficit. Bolivia logró un superávit comercial de $us 1.669 millones durante el primer semestre de 2026, luego de un déficit de $us 520 millones. Las exportaciones crecieron un 55% debido a los altos precios de los minerales.
Lo preocupante es que vendemos menos volumen que en el mismo periodo del año pasado, pero los precios de los minerales casi se duplican, con una situación muy vulnerable que depende de la cotización internacional.
El escenario se complica por la recesión. Bolivia ya registró tasas negativas de crecimiento en 2024 y 2025; la Fundación Milenio estima que la economía podría contraerse en 3% o más durante 2026. Con una economía que decrece desde hace tres años, los ingresos de los trabajadores y del sector informal se ven afectados, sin que se avizore una mejora en el corto plazo.
A estos problemas político-económicos se suma el escenario de sequías severas en las regiones andinas y amazónicas, además del fenómeno de El Niño.
Los especialistas señalaron que la humedad del suelo se encuentra entre un 10% y un 25% por debajo del promedio. Los niveles de los embalses están entre el 60% y el 70%, con una tendencia descendente que los aproxima a niveles de alerta.
Bolivia atraviesa el año más cálido registra do hasta ahora, con temperaturas muy superiores al promedio, desde junio. Los pronósticos anticipan temperaturas intensas entre septiembre y mayo de 2027.
Quisiéramos que el gobierno reconduzca la política económica con un mayor foco en la gestión, suprimiendo los subsidios, con acciones creíbles contra la corrupción, acuerdos en el Legislativo que le permitan aprobar nuevas leyes de hidrocarburos, minería, inversiones, energía y un plan de mitigación de los efectos del Superniño; de lo contrario, todas estas consideraciones podrían contribuir a la tormenta perfecta.
