Experto Invitado: Gustavo Jáuregui Gonzáles – Viceministro de Políticas de Industrialización
Existe una pregunta que Bolivia ha evitado responder durante décadas: ¿quién debe crear riqueza? ¿El Estado o la sociedad?
Cuando un Estado pretende ser simultáneamente regulador, empresario, inversionista, productor, financiador y juez del mercado deja de arbitrar la economía para convertirse en uno de sus principales jugadores. Allí comienza una confusión de funciones que ter mina debilitando la institucionalidad, reduciendo la competitividad y limitando las oportunidades de desarrollo.
El problema de fondo no radica en la existencia de empresas públicas. Existen experiencias exitosas en diversos países donde se cumplen objetivos estratégicos claramente definidos y se opera bajo estrictos criterios de eficiencia, transparencia y gobernanza corporativa. El verdadero problema aparece cuando el Estado convierte la actividad empresarial en el centro de su política económica, desplazando a quienes naturalmente generan inversión, innovación, empleo y riqueza: los ciudadanos y el sector privado.
Cuando el Estado administra empresas, inevitablemente comienza a tomar decisiones que deberían responder a criterios técnicos, pero que muchas veces terminan condicionadas por intereses políticos, electorales o burocráticos. Las pérdidas dejan de ser un problema empresarial para convertirse en una carga para todos los contribuyentes.
Más preocupante aún es la distorsión del papel institucional del Estado, pues un gobierno debería concentrar sus esfuerzos en garantizar seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, infraestructura, educación, salud, justicia eficiente y reglas claras; condiciones indispensables para que una economía prospere. Cuando, por el contrario, el aparato estatal dedica gran parte de su energía a producir bienes, competir con empresas privadas o administrar unidades productivas, inevitablemente descuida sus responsabilidades fundamentales y termina alejándose de la misión para la cual fue concebido.
Esta confusión de roles también representa una crisis de principios, debido a que el Estado deja de ser un árbitro imparcial para convertir se en un actor económico con intereses propios. Regula mercados en los que también participa y define políticas para sectores donde es competidor, lo que inevitablemente genera dudas sobre la imparcialidad del Estado, erosiona la confianza y debilita la credibilidad de las instituciones. Asigna recursos a empresas que él mismo administra. Esta situación desalienta la inversión y genera profundas distorsiones en la competencia.
El resultado suele ser conocido: menor productividad, mayor dependencia del gasto público, creciente burocracia, baja innovación y un deterioro gradual de la capacidad competitiva del país. Pero los efectos negativos no son únicamente económicos, también inciden en una posible crisis de valores.
Una sociedad progresa cuando recompensa el esfuerzo, la innovación, el mérito, el em prendimiento y la responsabilidad individual. En cambio, cuando el mensaje predominante es que el Estado debe resolver todos los problemas, producir la riqueza y sostener indefinida mente actividades deficitarias, se debilita la cultura del trabajo y el emprendimiento, se reduce la iniciativa privada y aumenta la dependencia de los recursos públicos.
El desarrollo sostenible nunca ha sido producto de un Estado omnipresente, más bien, ha sido consecuencia de instituciones sólidas, mercados competitivos, gobiernos eficientes y ciudadanos libres para crear, invertir, producir y asumir riesgos.
Bolivia necesita recuperar claridad sobre la misión esencial del Estado. Un Estado fuerte no es el que administra más empresas; es el que garantiza mejores instituciones. No es el que produce más bienes; es el que crea mejores condiciones para que millones de bolivianos puedan producir. No es el que concentra la economía; es el que libera el talento de su sociedad.
Ha llegado el momento de abandonar la falsa dicotomía entre Estado y mercado. El ver dadero desafío consiste en construir un Estado moderno: estratégico, transparente, eficiente y limitado en sus funciones empresariales, pero fuerte en sus responsabilidades institucionales y predispuesto al diálogo abierto y franco con todos los actores de la sociedad.
Solo así podremos reemplazar una economía basada en la dependencia por una economía basa da en la libertad, la confianza y la competitividad.
Porque el desarrollo no nace de un Estado que pretende hacerlo todo; por el contrario, nace de una sociedad que encuentra en sus instituciones el respaldo para hacer realidad sus propios sueños e iniciativas.
En Bolivia, las dos últimas décadas constituyen un caso ilustrativo. El auge extraordinario de los precios internacionales de las materias primas permitió expandir el tamaño del Estado, multiplicar las empresas públicas y fortalecer un modelo basado en una creciente intervención estatal en la economía. Mientras existieron abundantes ingresos externos, muchas de sus debilidades permanecieron ocultas.
Sin embargo, cuan do ese ciclo excepcional terminó, comenzaron a evidenciarse problemas estructurales: mayor presión fiscal, disminución de las reservas internacionales, menor inversión privada, deterioro de la productividad y crecientes cuestionamientos sobre la eficiencia y sostenibilidad financiera de varias empresas estatales. La realidad terminó recordándonos que ningún modelo económico puede depender indefinidamente de condiciones externas favorables.
La verdadera discusión ya no consiste en decidir si el Estado debe participar en la economía. Esa discusión quedó atrás hace mucho tiempo. El desafío consiste en definir cómo participa y hasta dónde debe hacerlo.
Un Estado moderno no compite con sus ciudadanos; compite por ofrecer mejores instituciones. Su grandeza no se mide por la cantidad de empresas que administra, sino por la cantidad de ciudadanos capaces de emprender, innovar, producir y exportar gracias a las condiciones que ese Estado hace posibles.
Ninguna nación se hizo grande porque el Estado produjera más que su sociedad. Las naciones verdaderamente prósperas son aquellas donde las instituciones son más fuertes que las coyunturas, donde la confianza vale más que los privilegios y donde el talento de millones de ciudadanos encuentra las condiciones para transformar su esfuerzo en riqueza y bienestar colectivo. Ese no es solamente el desafío económico de Bolivia, es, sobre todo, el gran desafío institucional sobre el que se construirá nuestro futuro.
