Experta Invitada: Carola Hidalgo Montenegro – Gerente General – Univida S.A.
Los eventos de la naturaleza de baja frecuencia, pero de severidad extrema, como los terremotos, plantean un desafío complejo para la correcta percepción social del riesgo. Al manifestarse con largos intervalos de retorno, tienden a ser subestimados en los presupuestos y planes de contingencia cotidianos, a pesar de representar una amenaza catastrófica latente.
Si bien la ciencia no cuenta con predictibilidad exacta, los modelos actuariales y de ingeniería permiten cuantificar con precisión la vulnerabilidad de territorios, infraestructuras y poblaciones. La historia reciente de América Latina demuestra que la baja frecuencia de ocurrencia no equivale a una ausencia de exposición. Durante la última década, los índices de siniestralidad sísmica en la región han evidenciado la magnitud de esta desprotección.
En septiembre de 2017, México fue impacta do por dos eventos (magnitudes 8,2 y 7,1) que provocaron pérdidas económicas totales estimadas en $us 12.000 millones; no obstante, el mercado asegurador absorbió únicamente $us 1.600 millones en pérdidas aseguradas, desvelando una profunda brecha de protección financiera [Swiss Re].
Posteriormente, en agosto de 2021, un terremoto de magnitud 7,2 expuso nuevamente la altísima vulnerabilidad y falta de mecanismos de transferencia de riesgos en Haití, destruyendo de cenas de miles de estructuras.
Sin embargo, las alertas del año 2026 sitúan la amenaza en un entorno de proximidad crítica. El pasado 24 de junio, Venezuela registró un evento sísmico complejo caracterizado por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que ocurrieron de forma casi simultánea en el norte del país.
El balance oficial consolidado semanas después confirmó un impacto macroeconómico masivo: más de 5.000 fallecidos y la destrucción de la habitabilidad para más de 17.900 personas (EFE Noticias). Este siniestro no es un riesgo emergente, sino un peligro inherente a su historia geológica donde el verdadero reto radica en el manejo de prolongados periodos de silencio sísmico (ScienceDirect).
Colombia presenta un panorama técnico similar en cuanto a acumulación y exposición de activos. El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar (Chocó) se consolidó como el mayor evento sísmico registrado en el país en el último siglo, impactando una extensa zona del occidente colombiano (Reuters).
En este contexto regional, Bolivia se sitúa en un escenario de riesgo latente que suele ser minimizado por la percepción pública debido a la escasez de eventos superficiales de gran magnitud en centros urbanos. Sin embargo, el análisis técnico del riesgo desmiente cualquier exención.
El terremoto de Aiquile-Totora de 1998 (magnitud 6,6) demostró nuestra vulnerabilidad local. La actividad sísmica del presente año ratifica que el silencio estadístico no debe confundirse con seguridad: durante el primer semestre de 2026, Bolivia acumuló 1.408 eventos sísmicos, registrando 230 movimientos tan solo en el mes de junio, de acuerdo con los datos del Observatorio San Calixto (ABI). Toda esta actividad subterránea es un recordatorio constante de la liberación de energía en las placas.
Por lo tanto, la interrogante fundamental para la sostenibilidad económica de un país no es si ocurrirá un evento catastrófico, sino qué tan robustos serán los mecanismos financieros para mitigar sus repercusiones cuando este se materialice.
En este punto de la gestión integral del riesgo, el seguro y el reaseguro cumplen una función macroeconómica decisiva. Aunque las pólizas no modifican la amenaza física ni sustituyen la fiscalización de las normativas constructivas, actúan como un canal eficiente para transferir el impacto económico desde los balances de las familias, corporaciones y gobiernos hacia el mercado internacional de capitales y distribución del riesgo.
El esquema de retención de pérdidas aplica do en Chile tras el terremoto de Maule, en 2010, fue muy importante: ante pérdidas patrimoniales estimadas en $us 18.100 millones, el mercado asegurador absorbió el 38% del impacto, reduciendo la carga fiscal del Estado al 47% y limitando la pérdida directa de personas y empresas al 15% (OECD).
En el ramo habitacional, el despliegue inmediato de ajustadores y la celeridad en la liqui dación de siniestros inyectó $us 761 millones en indemnizaciones en los primeros meses, dinamizando la reconstrucción (CMF Chile).
El mercado mexicano también ha desarrollado soluciones de vanguardia en retención y dispersión de riesgos. Tras la siniestralidad de 2017, la industria sofisticó el uso de seguros paramétricos, diseñados para activar coberturas automáticas basadas en la magnitud e intensidad del evento, permitiendo proteger de forma ágil activos tradicional mente complejos como el patrimonio histórico y arqueológico (Swiss Re).
Estos modelos de éxito subrayan una realidad insoslayable para el mercado boliviano: la eficacia de la transferencia del riesgo depende estricta mente de una cultura previa de aseguramiento. Una vez manifestado el siniestro, la resiliencia financiera deja de ser una opción disponible.
Las métricas post-desastre en Colombia tras el sismo de agosto de 2026 revelaron una vulnerabilidad financiera crítica: más del 90% de las viviendas del país carecía de cobertura contra terremoto, mientras que, en capitales de alta exposición como Cali, la penetración del seguro apenas alcanzaba el 12% (El País).
Para Bolivia, la estrategia no puede ser la expectativa pasiva ante el próximo evento de gran magnitud. Resulta imperativo fortalecer la resiliencia estructural mediante códigos de construcción sismorresistente, actualizar la cartografía de amenazas y vulnerabilidades, optimizar los planes de contingencia y, fundamentalmente, dinamizar la penetración del seguro en los ramos residencial, comercial, industrial y gubernamental.
Un terremoto puede ser un evento de baja frecuencia, pero sus consecuencias financieras no tienen por qué ser inmanejables. La prevención mitiga la pérdida de vidas humanas, la preparación optimiza la respuesta operativa, y el seguro garantiza la solvencia financiera necesaria para que una comunidad o una corporación reconstruya su patrimonio.
Al transferir el riesgo, impedimos que un fenómeno de la naturaleza se traduzca en una crisis económica estructural a largo plazo. Lo que ocurre de manera intermitente también exige una protección financiera permanente.
