Autor: Ibo Blazicevic – Past–presidente de la Cámara Nacional de Industrias
El ecosistema empresarial boliviano ha atravesado un complejo período en los pasados cinco años. El Covid, gobiernos masistas enemigos de la iniciativa privada y factores macroeconómicos han creado un escenario muy desafiante.
A ello se sumaron la presión impositiva, la fiscalización y persecución del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la intervención de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), que sancionó con multas millonarias a empresas con altas preferencias de mercado, con un objetivo netamente recaudador, y otros reguladores que han marcado la pauta de un escenario restrictivo.
A pesar del impacto de meses sin poder vender en la industria, restaurantes y negocios cerrados por causa del Covid, los bloqueos de 36 días en Santa Cruz presionando por el Censo, bloqueos de 24 días que incomunicaron el país y que se iniciaron en Cochabamba —ordenados por Evo—, además de múltiples dificultades logísticas, impositivas, climáticas y normativas, la gran mayoría del sector privado ha mostrado capacidad de adaptación, innovación y resistencia.
Pese a las dificultades mencionadas, la industria boliviana logró un crecimiento promedio de 3,22% anual entre 2020 y 2025, lo que refleja la capacidad de adaptación y resiliencia del sector privado.
Por otra parte, la alta dependencia que tiene la industria, que importa un 60% de sus insumos y materias primas, las restricciones en el acceso a divisas y una creciente dependencia del mercado interno, la vulnerabilidad ante el impacto del contrabando, la enorme tramitología y el alto costo del government take han influido en el cierre o inactividad de alrededor de 15.000 empresas en los últimos cuatro años, lo que representa un poco más del 5% de la base empresarial activa.
La base empresarial en Bolivia registra casi 400.000 empresas formales activas, de las cuales el 30% no está vigente —no han actualizado sus registros—. Esta base empresarial se clasifica de la siguiente manera: 80% son unipersonales, 18% sociedades de responsabilidad limitada y solo el 2% son sociedades anónimas.
Podemos inferir que alrededor del 95% de las empresas en Bolivia son Mypes o Pymes; muy pocas empresas son medianas, con más de 20 empleados, o grandes, con más de 50. Si comparamos esta clasificación con el Registro de Empresas y Sociedades de Chile, vemos grandes diferencias: SpA (Sociedad por Acciones): 55%–65%; Ltda. (SRL): 20%–25%; Empresario individual: 8%–12%; SA: 2%–5%; Otros: <3%.
En Perú, de acuerdo con datos de Sunarp/Produce, tenemos: EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada): 35%–45%; SRL: 30%–35%; SA/SAC: 15%–20%. En ambos casos —Chile y Perú— existe un dominio claro de estructuras societarias flexibles, con menor participación de sociedades individuales y mayor sofisticación empresarial. Esa debería ser la tendencia en Bolivia: promover mayor asociatividad de los actores económicos para potenciar las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada, fortaleciendo las cadenas productivas.
El empresario boliviano ha sobrevivido a dos décadas de presión fiscal y a una elevada carga impositiva, que limita la liquidez y la capacidad de reinversión de las empresas. El SIN ha perseguido al empresario con una actitud coercitiva, intensificando su rol fiscalizador, aplicando enormes multas —muchas veces injustificadas— y controles que generaron incertidumbre jurídica y financiera.
Aparte de la presión del SIN, la AEMP y otras entidades sectoriales han incrementado la supervisión, generando costos adicionales de cumplimiento y, en el caso de empresas con alta participación de mercado, injustas multas millonarias a las multinacionales, con montos de varias decenas de millones de dólares, como sucedió con Soboce y CBN.
Las empresas bolivianas han enfrentado la caída de precios de materias primas, restricciones en el acceso a divisas y una creciente dependencia del mercado interno. Esto ha limitado la capacidad exportadora y ha expuesto a las empresas a la volatilidad externa.
Por otra parte, la inseguridad jurídica, la percepción de persecución empresarial y la falta de reglas claras han desincentivado la inversión extranjera directa y fomentado la informalidad. Hoy Bolivia presenta una de las tasas más altas de informalidad laboral en América Latina, con más del 82% de su fuerza laboral trabajando en condiciones precarias y sin derechos sociales.
La informalidad laboral en Bolivia afecta a más de 4,5 millones de trabajadores, lo que representa aproximadamente el 84,2% de la población económicamente activa en 2024–2025, según datos del INE y la OIT.
Desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia, el 8 de noviembre, han pasado casi cinco meses de gobierno, durante los cuales se han implementado medidas muy importantes para el desarrollo empresarial: reducir el tamaño del Estado, contener la inflación, recuperar el crecimiento económico y la más notable victoria fue la eliminación de las subvenciones a los hidrocarburos.
Victoria que se empañó con los problemas de calidad de los combustibles, la conocida “gasolina basura”. Increíblemente, el Estado decidió acordar con los choferes medidas para el resarcimiento, que podrán realizarse en más de una ocasión y de forma inmediata.
Llama la atención que el gobierno no hubiera iniciado acciones legales internacionales contra los proveedores, denunciando la mala calidad del producto y exigiendo su resarcimiento e indemnización por los daños causados a los usuarios finales.
Otra mala noticia tiene que ver con la coyuntura de la guerra en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo a más de $us 100 por barril, borrando de un plumazo la eliminación de la subvención y creando incertidumbre sobre posibles nuevos incrementos de precios para eliminar el déficit.
Vale resaltar el gran acierto del gobierno, que radica en el renovado acceso a organismos multilaterales como la CAF y el BID, comprometiendo financiamiento por $us 7.800 millones.
Esta gestión creó confianza y mantiene la estabilidad del tipo de cambio, con mínimas fluctuaciones desde hace cuatro meses. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha aprobado aún esos créditos y la estabilidad pende de un hilo si no se toman medidas urgentes para no solamente aprobar los créditos, sino también las leyes económicas que permitan atraer inversión extranjera directa y desarrollar los proyectos de la industria extractiva, que están aguardando ese marco para viabilizar inversiones importantes y el desarrollo de nuevos pozos y yacimientos mineros.
En microeconomía hemos presenciado importantes anuncios que aún no se han concretado y que tendrán impacto positivo en el clima de negocios: la eliminación de varios impuestos, incluyendo el que grava a las grandes fortunas y al juego; también se anunció el pago de deudas estatales a proveedores de hasta tres años, lo que inyectará capital a empresas que tenían pagos pendientes con el Estado.
Asimismo, es muy importante la reducción del riesgo país a 477 puntos, reflejando una mejora significativa, aunque manteniéndose como un país de alto riesgo.
En lo personal, he sido testigo de acciones muy rápidas y concretas del Viceministerio de Política Tributaria, que junto al SIN ha emitido la RND 102600000002, que dispuso la supresión de las inspecciones in situ para los trámites de inscripción en el padrón de contribuyentes. Esta medida permite que algunas empresas importantes reduzcan en casi 74% los tiempos de espera, eliminando los cuellos de botella y la tramitología heredada del “país tranca”.
¿Qué podemos esperar los empresarios en los próximos años?
Agroindustria: con incentivos fiscales y apertura de mercados, se espera un auge en las exportaciones agrícolas.
Energía y minería: la llegada de inversión extranjera directa puede dinamizar estos sectores clave para la economía boliviana, y la guerra podría llevar los precios del oro, gas y metales a niveles récord.
Tecnología y servicios digitales: un entorno más libre y con menos trabas puede favorecer startups y empresas innovadoras.
Turismo y hospedaje: con mayor estabilidad y apertura, se espera un repunte del turismo receptivo.
Industria manufacturera: lidera las exportaciones y tiene un gran potencial de crecimiento y diversificación.
Construcción: con la implementación del 50/50, los gobiernos municipales tendrán muchas obras gestionadas localmente.
La nueva coyuntura política en Bolivia, bajo la presidencia de Rodrigo Paz, abre un abanico de oportunidades para los empresarios bolivianos, gracias a medidas como la eliminación de impuestos, la apertura de mercados de exportación y el impulso a la inversión extranjera directa (IED). La resiliencia de las empresas en Bolivia durante los últimos cinco años ha sido notable, pero no puede sostenerse indefinidamente sin cambios estructurales.
El sector privado ha resistido gracias a la innovación, la diversificación y la capacidad de adaptación, más que por un entorno favorable.
En síntesis, las empresas bolivianas han demostrado que pueden sobrevivir en condiciones adversas, pero para prosperar necesitan un marco regulatorio más equilibrado, políticas fiscales menos asfixiantes y un entorno político que garantice seguridad jurídica. Solo así la resiliencia podrá convertirse en desarrollo.
