Gustavo Jáuregui Gonzáles – Asesor Empresarial, Ingeniero Comercial de profesión, magister en administración y dirección de empresas, experto en Estrategia Gerencial, Negociación, Gerencia de Organizaciones Empresariales y Gestión Pública.
En un mundo interconectado, altamente dinámico y exigente, la competitividad empresarial se ha convertido en un pilar fundamental para el progreso de las naciones.
La competitividad empresarial no se enfoca únicamente en la producción a gran escala, se trata de pensar en la producción eficiente. Es decir, innovando, adaptándose, mejorando la productividad y ofreciendo bienes y servicios que respondan a las necesidades de los mercados
cada vez más dinámicos.
El fortalecimiento de la competitividad empresarial depende de múltiples factores: por una parte, la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y una sólida institucionalidad son esenciales para atraer inversiones y fortalecer el tejido empresarial formal del país.
A ello se suma un entorno macroeconómico saludable, donde la inflación controlada, el acceso a divisas y la estabilidad cambiaria reduzcan las incertidumbres para operar con normalidad.
Por otra parte, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en elementos ineludibles, puesto que hoy, quienes no los incorporan como parte de su gestión, quedan rezagados en un mercado donde la competitividad se mide también por la capacidad de generar valor agregado y conciencia social.
Otro de los pilares determinantes es el capital humano, puesto que su potencial se multiplica cuando va acompañado de una cultura ciudadana comprometida y de un patriotismo positivo, entendido como el orgullo de aportar al progreso del país.
Fomento de valores
De poco sirve tener talento si la informalidad, la desconfianza o el incumplimiento de normas fre nan el desarrollo; por eso, además de invertir en educación técnica y digital, es crucial fomentar valores como la responsabilidad, la ética, la puntualidad y el respeto al bien común.
En definitiva, la competitividad nace en el conocimiento, se afirma en la cultura y se inspira en el amor a la patria. Cuando el talento se une al compromiso y a la identidad, las empresas progresan y la nación entera avanza.
No menos importante es la articulación público-privada, donde la generación de políticas públicas oportunas y consensuadas que faciliten el crecimiento empresarial —desde infraestructura logística hasta incentivos para la producción formal— debe ser una apuesta compartida.
Cuando el Estado y el sector productivo trabajan juntos, se construyen bases sólidas para un país más próspero y generan progreso tangible para los ciudadanos.
Bolivia enfrenta grandes desafíos para consolidar su competitividad en el ámbito internacional. Según el Global Innovation Index 2024, el país ocupa el puesto 100 con un puntaje de 20,20 puntos, mientras que en 2023 se encontraba en el 97, reflejando un estancamiento relativo en innovación.
En la región sudamericana, Bolivia se sitúa octavo entre 10 países, mostrando rezagos frente a vecinos como Chile, Brasil y Colombia. Los indicadores de institucionalidad refuerzan estas preocupaciones: la calidad regulatoria alcanza apenas ‑1,18 puntos y el Estado de derecho ‑1,22 (escala –2,5 a +2,5), evidenciando debilidades en gobernanza y seguridad jurídica.
La voz y rendición de cuentas también muestra limitaciones con ‑0,27 puntos, mientras que la facilidad para hacer negocios posiciona a Bolivia en el 150º lugar entre 190 países. Otros indicadores, como el Global RTI Rating 2024, ubican al país en el 105º puesto en acceso a la información, lo que refleja la necesidad de mejorar transparencia y participación ciudadana.
Un enfoque con varios pasos
En conjunto, estos datos subrayan la urgencia de impulsar políticas que fortalezcan la innovación, la institucionalidad y la inserción internacional del país; elementos esenciales para que la competitividad empresarial se traduzca en desarrollo sostenible y bienestar social.
Si Bolivia quiere transformarse de una economía dependiente de los recursos naturales hacia una economía productiva, innovadora y con visión exportadora, se requiere un órgano estatal especializado que lidere esta misión.
El enfoque del país, básicamente, debería responder a varias líneas:
- Mejorar el clima de inversión, la seguridad jurídica y la simplificación de trámites.
- Coordinar con el sector privado estrategias de productividad y transformación productiva.
- Impulsar políticas de innovación, digitalización y sostenibilidad empresarial.
- Facilitar la internacionalización de las empresas y la diversificación exportadora.
- Promover la formalización del mercado.
La competitividad debe asumirse como una política de Estado, sostenida en el tiempo, con metas medibles y resultados verificables.
Una economía con empresas competitivas es una economía que crea empleo digno y de calidad, incrementa la recaudación fiscal y promueve la formalidad. Además, impulsa la generación de divisas a través de exportaciones más diversificadas y sostenibles.
El fortalecimiento del tejido empresarial también se traduce en mayor innovación social, ya que las empresas competitivas demandan talento, impulsan nuevos servicios y estimulan el desarrollo de regiones enteras; por lo que, la competitividad además de ser un indicador económico se constituye en una condición para el bienestar social.
Hoy más que nunca, Bolivia está llamada a renovar su visión sobre el desarrollo, por lo que, la competitividad empresarial debe ocupar un lugar central en esa agenda.
Impulsarla es apostar por un futuro donde el crecimiento económico sea sostenible, la productividad mejore y las oportunidades se multipliquen para toda la ciudadanía.
Para que las futuras generaciones encuentren un país con mayores perspectivas y más capacidad de enfrentar los desafíos globales. El desafío es enorme, pero aún tenemos la oportunidad de transformar el progreso en acción concreta, para que cada boliviano sienta los frutos de un país que avanza.
