Autor: Ronald Nostas Ardaya – Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
Uno de los mayores desafíos de nuestra economía es el cambio estructural de su sistema tributario que, luego de 40 años de haberse instituido con la Ley 843 de Reforma Tributaria –y de 23 años de haberse modificado con la Ley 2492, Código Tributario Boliviano– muestra señales claras de ineficacia en sus funciones sustantivas: recaudación, redistribución y formalización.
Los datos son elocuentes. De acuerdo con el informe del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de la gestión 2024, nuestro país tiene 500.000 contribuyentes inscritos, aproximadamente el 10 % de la Población Económicamente Activa. De estos, el 42 % son empresas que generan el 89 % de la recaudación total. 5.600 empresas entre Principales Contribuyentes y Grandes Contribuyentes, contribuyen con el 80 % de los impuestos.
El 30 % que pertenece al régimen especial, contribuye solo con el 0,21 %, y el 57 % son personas naturales que explican únicamente el 3 % de la recaudación. En La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se recauda el 94 % de los impuestos.
Un problema grave es la cantidad de tributos existentes. El SIN cobra actualmente 14 tipos de impuestos (hace unas semanas se eliminó el ITF), y al margen, existen otras obligaciones nacionales y subnacionales según rubros y actividad económica. La débil articulación entre entidades recaudatorias genera superposición de tributos, vacíos de control y una carga administrativa fragmentada.
A esto debe añadirse la tendencia nociva a la generación de nuevos reglamentos y procedimientos, decididos por la institución cobradora sin más criterio que la discrecionalidad administrativa. Tan solo en 2024, el SIN emitió 41 resoluciones normativas de directorio que, en algunos casos, modificaron sustantivamente los procedimientos recaudatorios.
Recientemente, el SIN publicó una resolución que ampliaba el pago del IUE hasta el 29 de mayo y unos días después la modificó mediante una simple fe de erratas sin ninguna explicación. El enmarañado aparato normativo, la poca seriedad de sus autoridades y el alejamiento de sus objetivos institucionales, explican por qué en Bolivia la presión fiscal alcanza el 24 % del PIB (SIN) y la brecha tributaria supera el 40 % del potencial recaudatorio (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias).
Pero, además, el SIN operó muchas veces como un instrumento de presión política contra los opositores. Era muy frecuente que empresas o negocios cuyos propietarios habían emitido críticas a la gestión, recibieran en respuesta la visita de “inspectores del SIN” que buscaban cualquier error u omisión mínima en sus declaraciones para imponer multas onerosas, pero que en realidad buscaban generar un acoso disuasorio o sancionatorio.
El contribuyente formal se encuentra en total indefensión ante los abusos del sistema. La Autoridad de Impugnación Tributaria, que debiera defender al contribuyente de los abusos del poder –en los hechos lo perjudica–.
El titular de esta entidad es nombrado por una decisión política del Ministro de Economía, y se sostiene con un porcentaje de las recaudaciones, lo que compromete la independencia que requiere un órgano adjudicador de controversias tributarias. No existe figura de Defensor del Contribuyente ni mecanismo de asistencia para quienes no pueden costear representación legal cuando son víctimas del abuso de las entidades recaudatorias.
Otro factor regresivo son los costos de cumplimiento. Bolivia supera las 1.000 horas anuales de carga administrativa tributaria, frente a un promedio mundial de 160 horas (Doing Business).
Por su parte, el Código Tributario impone once obligaciones al contribuyente, incluyendo llevar contabilidad formal, conservar documentación hasta siete años, o autorizar acceso al código fuente de software –cargas adecuadas para medianas empresas, pero no para contribuyentes que apenas superan el umbral de la subsistencia–.
A esto se suma la obligación de pagar multas del 100 % del tributo omitido, lo que genera que una deuda impaga por algunos años, se incremente tanto que termina destruyendo cualquier negocio pequeño. El cambio entre el régimen simplificado y el régimen general es abrupto y sin ninguna gradualidad. Esto desincentiva el crecimiento de las microempresas que optan por mantenerse artificialmente pequeñas antes que asumir obligaciones que no pueden sostener.
Las sanciones son desproporcionadas y muchas veces irracionales. La norma establece clausuras de hasta 48 días continuos por no emisión de factura, lo que para una microempresa equivale prácticamente al cierre definitivo. Las multas pueden ser exorbitantes y superar el capital de operaciones; las sanciones no guardan relación con el daño fiscal causado, la capacidad económica del infractor o la intencionalidad de la conducta.
Asimismo, la fiscalización suele ser abusiva y discrecional, puede abarcar hasta ocho gestiones previas, se concentra en contribuyentes formales, y solo busca generar miedo desalentando la formalización en lugar de incentivarla.
Un aspecto crítico es la retribución. En Bolivia, registrarse como contribuyente no otorga beneficios tangibles e inmediatos. El informal no percibe ningún incentivo positivo para formalizarse, solo la amenaza de sanción si lo descubren. El ciudadano que aporta sigue considerando que sus recursos se dilapidan en burocracia, corrupción e ineficiencia estatal.
De hecho, la recaudación total por impuestos en 2024 alcanzó a Bs 41.524 millones, mientras que el Estado destinó ese año Bs 49.089 millones a sueldos de servidores públicos.
El daño más grave de estos factores se refleja en la informalidad. El 65 % de nuestra economía opera al margen del sistema tributario porque el costo de cumplir la ley supera el beneficio de hacerlo. Se recauda sobre una minoría formal que subsidia al resto, creando un ciclo vicioso donde los formales pagan más, lo que desincentiva la formalización.
La solución no se encuentra en perdonazos ni en medidas parciales, sino en una transformación profunda que recupere los principios de universalidad, igualdad, eficiencia y proporcionalidad, y que incluya la simplificación radical del sistema; disminución de la cantidad y la tasa de impuestos; ampliación de la base tributaria; modernización digital; reestructuración del régimen sancionatorio; y modelo de incentivos para la formalización progresiva.
El problema no es solo de administración, sino de coherencia entre diseño normativo, capacidad institucional y realidad económica del país. Bolivia no necesita seguir exprimiendo a los mismos contribuyentes. Necesita un nuevo pacto tributario donde pagar impuestos tenga sentido y el Estado retribuya con servicios lo que exige con normas.
La reforma tributaria no es solo un desafío técnico: es una condición indispensable para recuperar la equidad, la confianza y la viabilidad económica del país.
Como país, tenemos la oportunidad de transformar su sistema tributario en un factor de formalización, crecimiento económico y justicia distributiva. El costo de no hacerlo es perpetuar una economía dual en la que la mayoría trabaja en condiciones de vulnerabilidad y el Estado funciona con recursos insuficientes para sus obligaciones sociales.
