Autor: Ibo Blazicevic – Past president de la Cámara Nacional de Industrias.
El acto de posesión del presidente Rodrigo Paz se realizó de manera oficial el 8 de noviembre de 2025. Han transcurrido los primeros seis meses de mandato y la euforia inicial —debido a la salida del MAS, junto a las expectativas de un cambio radical en el modelo político-económico que daría paso a la construcción de una nueva Bolivia— se va diluyendo. Hasta ahora, sin una hoja de ruta conocida, la continuidad de un modelo fracasado empieza a crear un clima de desencanto generalizado.
Las primeras señales del gobierno sorprendieron gratamente. Con la incorporación de profesionales de reconocida trayectoria, como José Luis Lupo, Fernando Aramayo, Gabriel Espinoza y Mauricio Medinaceli, que lastimosamente dejó el cargo, pensamos que teníamos un equipo de lujo para enfrentar la crisis multisistémica que heredamos tras 20 años de saqueo, desinstitucionalización y corrupción.
El apoyo temprano de Samuel Doria Medina al nuevo gobierno en la Asamblea nos hacía soñar con una gobernabilidad que aceleraría la aprobación de las leyes generadoras del cambio, creando las nuevas condiciones de independencia y transparencia en la administración de justicia —que permitiría que los «ladrones», «terroristas» y «pedófilos» finalmente fueran condenados por sus delitos—.
Vimos con optimismo la promesa de desarrollo del turismo, cambios en la educación, la aprobación de leyes para atraer inversión extranjera directa, de créditos necesarios para estabilizar la economía y la reducir la carga impositiva; además de la estabilización del tipo de cambio, la disponibilidad de carburantes y la tipificación de los bloqueos como delito penal.
Las primeras medidas del gobierno de Rodrigo Paz se centraron en un ajuste fiscal y la estabilización cambiaria. El DS 5503 declaró emergencia económica nacional, quitó la subvención a los carburantes y compensó la medida con el bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad) y un incremento al salario mínimo nacional, que se elevó en un 20%, pasando de Bs 2.750 a 3.300.
El 5503 fue percibido por las clases populares como contrario a los intereses y recursos del país. El mismo modificaba las normas para que el capital extranjero invierta en recursos estratégicos. El fast track establecía que cualquier proyecto de inversión extranjera debía aprobarse en máximo 30 días. Si la autoridad no responde, se considera aprobado automáticamente. El tiempo otorgado resulta insuficiente para realizar estudios de impacto ambiental serios o consultas a comunidades. Asimismo, el gobierno podía firmar contratos mediante decreto que tendrían «efecto normativo», constituyendo «ley entre partes». Sin control parlamentario, sin consulta ciudadana y otorgando estabilidad jurídica y tributaria garantizada.
La medida —se pretendía— fuera implementada en los sectores estratégicos, como minería y metalurgia (litio), hidrocarburos, energía, agroindustria (tierras cultivables) e infraestructura.
Luego de varios días de movilizaciones y bloqueos, sobre todo en el occidente, el gobierno abrogó el DS 5503 y anunció su sustitución inmediata por una nueva norma acordada con el movimiento popular organizado, el DS 5516, que quitaba la subvención a los carburantes —excepto al gas— y mantenía los bonos e incremento salarial planteados en el 5503.
Hay que reconocer la exitosa gestión inicial del gobierno, que en poco tiempo logró controlar el tipo de cambio, generando certidumbre, y levantó la subvención a los carburantes sin concuencias violentas, lo que se constituyó prácticamente en un triunfo histórico. Sin embargo el costo político fue alto porque a partir de la humillación que sufrieron los ministros que fueron a dialogar con los sectores movilizados se comenzó a percibir la vulnerabilidad política y la falta de base social del gobierno.
Llama la atención que la COB y la Csutcb lograran revertir el 5503 con bloqueos, el recurso más utilizado por los grupos corporativos para obtener beneficios. En los últimos 15 años está medida ha atentado contra el desarrollo económico, social e incluso la salud y la vida de los bolivianos, generando, desde 2019, pérdidas por alrededor de $us 3.200 millones . La frecuencia de esta medida genera inestabilidad económica, política, afectando inversiones y gobernabilidad.
En ese contexto, desde la perspectiva empresarial existe una marcada desilusión por la falta de iniciativas del Ejecutivo para la reactivación económica y la estabilidad del país. Es preocupante el persistente escenario marcado por la desaceleración económica, escasez de divisas, presión fiscal, inflación e incertidumbre institucional.
La escasez de combustible —que se creía solucionada— se convirtió en una amenaza para la credibilidad del Presidente. Mientras que la falta de soluciones oportunas para los transportistas y propietarios de cuyos vehículos dañados por la gasolina sucia desata una molestia que no se logra apagar.
En el plano económico y social, el gobierno no cerró ninguna empresa pública deficitaria, pese a que fue una promesa de campaña. El informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública establece que 16 empresas estatales trabajan a pérdida. En conjunto acumulan Bs 2.655 millones en pérdidas y un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones.
Pese a las acusaciones de corrupción en algunas de las empresas mencionadas en el informe, preocupa que se hubiese otorgado un plazo de 90 días para definir su situación, conocida desde la primera semana de gestión. Nuevamente el manejo político impide una gestión eficiente y se continúa dilapidando recursos que podrían servir para cubrir las innumerables carencias que heredamos.
Mientras se escribía este artículo, el Presidente convocó a un «Gran encuentro nacional» en la ciudad de Cochabamba, donde —se anunció — el tratamiento de un paquete de «leyes estructurales», relacionadas con la inversión en minería, hidrocarburos, electricidad y energías renovables (en el caso del último sector se acaba de presentar un proyecto de ley ). No entendemos el criterio de reunir a un grupo tan numerosopara definir una agenda que pasa por la aprobación de leyes en el Legislativo.
Tras seis meses de gestión, no vemos que las medidas asumidas sean relevantes para reactivar el aparato productivo y salir de la crisis multisistémica que heredamos. Las acciones y decisiones no tienen un enfoque de cambio estructural; solo administran la crisis, manteniendo el statu quo del modelo fracasado.
Aún se puede hacer cambios que reconduzcan la gestión y creen las condiciones favorables para el desarrollo y la inversión. Medio año es más que suficiente para realizar ajustes y concentrarse en lo estratégico, dejando de atender solo lo urgente y las presiones de los grupos corporativos.
El Presidente ha encomendado su gestión a Dios y ha puesto a Bolivia como prioridad, pero, en la práctica, algo no cuadra.
