Hace décadas que muchas empresas asumieron algún tipo de acción social, adicional a sus fines como actor económico. Esta función se aglutinó en la responsabilidad social corporativa (RSC), un conjunto de actuaciones sociales combinado con una mirada a los impactos negativos de cada empresa. Sin menospreciar los proyectos ejecutados y los debates abiertos por la RSC, considero que, como vector de cambio efectivo, su influencia en la empresa ha sido escasa. La RSC no ha penetrado en el corazón del modelo de negocio, cuestionando y teniendo la capacidad de alterar las prácticas más nocivas para la sociedad o el medio ambiente. Ha habidodemasiado ‘marketing‘ y pocas transformaciones profundas, efectivas y medibles.
La novedad de los últimos años viene de la mano de otra sigla de tres letras, la inversión sostenible o ESG (ambiental, social y buen gobierno). No caeré en la ingenuidad de pensar que lo que no se consiguió con la RSC se logrará sin más con la ESG. Dicho esto, su potencial de cambio sistémico es mayor, sobre todo en relación con la lucha frente al cambio climático.
Casi un 40% de los activos financieros globales tendrá algún tipo de caracterización ESG en 2025, y ya hay fondos dirigidos a sectores concretos con una voluntad firme de transformarlos para descarbonizar partes del sistema energético y de producción. El marasmo de índices, guías y estándares que han surgido en este terreno ha llevado a la Comisión Europea a preparar una “taxonomía ESG” en la que detalla qué es y qué no es una inversión sostenible y donde ordena los criterios técnicos y políticos que definirán el reporte no financiero de las empresas europeas. De forma que inversores y consumidores sepan qué hay de verdad tras los colores bonitos. Lo que ocurre es que mientras en la taxonomía verde la ‘E’ está muy avanzada, la ‘S’ va con retraso y con debates profundos en su interior.
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